AFGANISTÁN: DE LA YIHAD CONTRA LOS SOVIÉTICOS AL REGRESO DE LOS TALIBANES

 

El 15 de febrero de 1989, el general Borís Grómov cruzó a pie el puente de la Amistad sobre el Amu Daria, que separaba Afganistán de la entonces república soviética de Uzbekistán. Era el comandante del 40.º Ejército y, según la escenografía preparada para la ocasión, el último soldado soviético que abandonaba Afganistán. Al otro lado lo esperaba su hijo Maxim con un ramo de flores.

La escena era magnífica, aunque tenía algo de teatro: Grómov había pasado la noche anterior en Termez, ya en territorio soviético, y regresó de madrugada a Afganistán para representar ante las cámaras su salida definitiva. Hasta las derrotas necesitan una buena fotografía.

«No queda ni un solo soldado soviético detrás de mí», declaró Grómov. Después de nueve años de guerra, unos 15 000 militares soviéticos muertos y una catástrofe incomparablemente mayor para los afganos, Moscú regresaba a casa.

Treinta y dos años después, el 30 de agosto de 2021, el mayor general estadounidense Chris Donahue subió a un avión C-17 en el aeropuerto de Kabul. Una fotografía tomada con visión nocturna lo convirtió en el último militar estadounidense que abandonaba Afganistán. Esta vez no hubo puente, flores ni hijo esperando. Detrás quedaban veinte años de guerra y, de nuevo, los islamistas.

Entre las dos imágenes cabe buena parte de la historia moderna de Afganistán y una de las mayores paradojas de la Guerra Fría: Estados Unidos contribuyó decisivamente a financiar y armar la yihad que derrotó a los soviéticos. Décadas después tuvo que enviar a sus propios soldados a combatir en el mismo país contra un movimiento islamista nacido del mundo que aquella guerra había ayudado a crear.

Conviene hacer desde el principio una precisión. Estados Unidos no armó a «los talibanes» para combatir a los soviéticos. Los talibanes no existían entonces. Surgieron como organización hacia 1994, cinco años después de la retirada soviética. Lo que Washington financió fueron los muyahidines, un conjunto heterogéneo de guerrillas afganas, muchas de ellas islamistas, que luchaban contra el gobierno comunista de Kabul y contra el Ejército Rojo. La diferencia importa, aunque no elimina la relación entre una cosa y otra.

La historia había comenzado en abril de 1978, cuando el Partido Democrático Popular de Afganistán, comunista y estrechamente relacionado con Moscú, tomó el poder mediante la llamada Revolución de Saur. Afganistán era entonces uno de los países más pobres y tradicionales del planeta. El nuevo régimen decidió transformarlo a velocidad revolucionaria: reforma agraria, alfabetización, secularización, educación femenina, modificación de las leyes matrimoniales y ataque a algunas estructuras tribales y religiosas.

Varias de aquellas reformas podían parecer razonables desde Kabul o Moscú. El problema fue intentar imponerlas mediante decretos, purgas, detenciones y ejecuciones a una sociedad rural que apenas reconocía la autoridad del Estado. La rebelión se extendió rápidamente.

Para la Unión Soviética aquello constituía un problema formidable. Afganistán compartía una larga frontera con varias repúblicas soviéticas de población mayoritariamente musulmana. Moscú veía cómo un régimen aliado se desmoronaba mientras sus dirigentes comunistas se asesinaban entre ellos. En septiembre de 1979, Hafizullah Amin desplazó y mandó matar al presidente Nur Muhammad Taraki. Los soviéticos desconfiaban profundamente de Amin y temían perder el control de un país situado en su frontera meridional.

Por eso invadieron Afganistán en diciembre de 1979. No existen buenas pruebas de la explicación, tan popular entonces, según la cual Moscú pretendía atravesar Afganistán para alcanzar el océano Índico o apoderarse del petróleo del golfo Pérsico. Su objetivo inmediato era bastante menos grandioso: evitar el hundimiento de un gobierno comunista vecino y mantener Afganistán dentro de la órbita soviética.

La operación comenzó con contundencia. Fuerzas especiales soviéticas asaltaron el palacio presidencial, mataron a Amin e instalaron a Babrak Karmal. Moscú creyó que podría estabilizar rápidamente la situación. Era uno de esos cálculos que parecen razonables durante las primeras cuarenta y ocho horas de una guerra. Los soviéticos descubrieron pronto el inconveniente fundamental de Afganistán: ocupar Kabul no significa controlar Afganistán.

Los muyahidines dominaban amplias zonas rurales, conocían las montañas, podían confundirse con la población y disponían de una retaguardia casi imposible de eliminar al otro lado de la frontera pakistaní. Además, la llegada del Ejército Rojo proporcionó a una rebelión dispersa un argumento formidable. Ya no se luchaba solamente contra unos comunistas afganos que querían cambiar las costumbres del país. Se combatía contra extranjeros ateos que habían invadido una tierra musulmana.

Entonces apareció Estados Unidos. Washington ya había autorizado antes de la invasión soviética una modesta ayuda clandestina a los insurgentes. Después de diciembre de 1979, aquella ayuda se transformó gradualmente en una de las mayores operaciones encubiertas de la Guerra Fría: la Operación Cyclone de la CIA.

El mecanismo tenía una peculiaridad que tendría enormes consecuencias. Los estadounidenses proporcionaban dinero y armas, pero buena parte de su distribución quedaba en manos de Pakistán y especialmente de su servicio de inteligencia, el ISI. Arabia Saudí aportó también grandes cantidades de dinero. Pakistán favoreció particularmente a determinadas organizaciones islamistas y la guerra comenzó a adquirir cada vez más el carácter de una yihad internacional contra el comunismo.

Llegaron miles de voluntarios extranjeros. Entre ellos estaba un joven saudí extraordinariamente rico llamado Osama Bin Laden. No hay pruebas sólidas de que la CIA financiara directamente a Bin Laden, como tantas veces se ha repetido. No hacía falta. Afganistán se había convertido en un gigantesco ecosistema internacional de combatientes, predicadores, armas, dinero, madrasas y organizaciones islamistas que tenían un enemigo común.

La estrategia estadounidense era impecable desde el punto de vista de la Guerra Fría. Después de Vietnam, Washington tenía la oportunidad de devolver el favor. Cada helicóptero soviético derribado, cada convoy atacado y cada año adicional de guerra aumentaban el precio que Moscú debía pagar por sostener a su aliado.

La entrega a los muyahidines de misiles antiaéreos Stinger a partir de 1986 se convirtió en el símbolo de aquella intervención. Los guerrilleros podían ahora amenazar seriamente a helicópteros y aviones que hasta entonces habían disfrutado de una gran superioridad. Pero los Stinger no ganaron por sí solos la guerra. El problema soviético era más profundo.

El Ejército Rojo podía ganar batallas, ocupar ciudades, destruir aldeas y controlar las principales carreteras. Lo que no podía hacer era convertir esas victorias militares en un Afganistán estable. Cada operación terminaba y los guerrilleros regresaban. Pakistán seguía proporcionando refugio. Las bajas aumentaban. La guerra costaba cada vez más y nadie podía explicar satisfactoriamente cómo terminarla.

Cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985 heredó lo que él mismo acabaría describiendo como una «herida sangrante». Decidió salir. La retirada comenzó en 1988 y terminó con el general Grómov cruzando el Amu Daria en febrero de 1989.

Estados Unidos había ganado aquella partida. Afganistán, no. El gobierno comunista de Mohammad Najibullah consiguió resistir todavía tres años, pero se derrumbó en 1992, después de desaparecer la Unión Soviética y con ella la ayuda que lo mantenía. Los muyahidines entraron en Kabul y comenzaron inmediatamente a combatirse entre ellos. Las distintas facciones bombardearon la capital, saquearon territorios y dividieron el país entre señores de la guerra. La población que había soportado la invasión soviética tuvo que soportar ahora a sus libertadores.

De aquel desastre surgieron los talibanes. Aparecieron alrededor de Kandahar en 1994. Su nombre procede de talib, estudiante, porque muchos de sus miembros habían pasado por madrasas islámicas, especialmente en Pakistán. Prometían acabar con los señores de la guerra, desarmar a los bandidos, hacer seguras las carreteras y restaurar el orden. Después de tantos años de violencia, aquello bastó para conseguirles inicialmente cierto apoyo.

Pakistán desempeñó un papel decisivo en su ascenso. En apenas dos años los talibanes conquistaron gran parte del país y en septiembre de 1996 entraron en Kabul. Entonces Afganistán descubrió el precio de aquel orden.

Los talibanes establecieron el Emirato Islámico y aplicaron una interpretación extremadamente rigorista de la sharía. Las mujeres fueron expulsadas en gran medida del trabajo y de la enseñanza, se impusieron estrictas normas de vestimenta y conducta, se prohibieron numerosas formas de música y entretenimiento y los castigos corporales y las ejecuciones públicas pasaron a formar parte del paisaje político. Afganistán se convirtió además en refugio de Al Qaeda y de Osama Bin Laden.

Después llegaron el 11 de septiembre de 2001, la invasión estadounidense, la caída del primer Emirato talibán y veinte años de otra guerra que tampoco consiguió construir un Estado afgano capaz de sostenerse por sí mismo. En agosto de 2021 los talibanes regresaron a Kabul.

El general Chris Donahue, comandante de la 82.ª División Aerotransportada, se dirige al último C-17 estadounidense que abandonó Kabul el 30 de agosto de 2021. Fue el último militar estadounidense en salir de Afganistán. Fotografía: Master Sgt. Alex Burnett, U.S. Army. Dominio público.

La historia no describe un círculo perfecto. Estados Unidos no creó a los talibanes ni les entregó directamente los Stinger con los que se combatió a los soviéticos. Pero tampoco puede borrarse la genealogía. Para derrotar a su adversario durante la Guerra Fría, Washington, junto con Pakistán y Arabia Saudí, financió y armó masivamente una insurgencia en la que el islamismo radical desempeñaba un papel fundamental. Cuando los soviéticos se marcharon, el interés occidental por Afganistán se evaporó mucho más rápidamente que las armas, los combatientes y las redes creadas durante la guerra.

El 15 de febrero de 1989, Grómov cruzó el puente convencido de que dejaba atrás una guerra perdida. El 30 de agosto de 2021, Donahue subió al último avión estadounidense dejando Afganistán en manos de los talibanes. Entre ambos transcurrieron treinta y dos años. Cambiaron las superpotencias, los uniformes y las razones declaradas para combatir. Afganistán permaneció allí, esperando al siguiente imperio convencido de que esta vez sería diferente.

EL GOBIERNO DE LOS JUECES

 

En 1911, un abogado socialista de Nueva York llamado Louis B. Boudin publicó un artículo cuyo título parecía contradecir la división de poderes: Government by Judiciary, gobierno por el poder judicial. Los jueces, al menos según la teoría clásica, no gobiernan. Juzgan. Diez años después, el jurista francés Édouard Lambert estudió la experiencia estadounidense y acuñó una fórmula todavía más inquietante: Le gouvernement des juges, el gobierno de los jueces. Ha transcurrido más de un siglo y seguimos discutiendo dónde termina el verbo juzgar y dónde comienza el verbo gobernar.

Boudin y Lambert escribieron durante la llamada era Lochner, cuando los tribunales estadounidenses utilizaban una interpretación expansiva de la libertad contractual para anular leyes que regulaban salarios, jornadas y condiciones de trabajo. La Constitución no decía que un panadero tuviera derecho a trabajar más de sesenta horas semanales, pero en Lochner v. New York la Corte Suprema concluyó que limitar su jornada vulneraba una libertad protegida constitucionalmente. El juez ya no se limitaba a comprobar si el legislador podía aprobar una ley. Empezaba a decidir si aquella ley le parecía razonable.

Eso era lo que preocupaba a Lambert. No que los jueces controlasen al poder político, función imprescindible en un Estado de derecho, sino que sustituyeran la decisión de los representantes elegidos por su propia valoración. Una Constitución contiene palabras formidables —libertad, igualdad, dignidad, proporcionalidad—, pero no incluye un manual de instrucciones que determine su significado en todos los casos imaginables. Quien posee la última palabra sobre esas palabras posee inevitablemente una parte del poder político.

La Constitución española establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. También dispone que la justicia emana del pueblo y es administrada por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Independencia, por tanto, no significa soberanía judicial. El juez ejerce un poder vicario: formidable, pero recibido. No le pertenece como una finca ni lo convierte en un legislador sin electores.

Sería ingenuo, no obstante, recuperar literalmente a Montesquieu en De l'esprit des lois (1748) y reducir al juez a «la boca que pronuncia las palabras de la ley». Las leyes necesitan interpretación. El Código Civil ordena atender a sus palabras, contexto, antecedentes, realidad social, espíritu y finalidad. El problema no es que el juez interprete, sino saber cuándo la interpretación deja de buscar el significado razonable de la norma y empieza a fabricar otro que permite alcanzar un resultado político determinado. Ese es el punto exacto en el que reaparece Lambert.

El caso de los ERE andaluces ofrece un ejemplo especialmente revelador. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (TS) convirtieron determinadas actuaciones relacionadas con la elaboración de las leyes de presupuestos autonómicos en fundamento de condenas por prevaricación administrativa. El Tribunal Constitucional (TC) concluyó después que los anteproyectos y proyectos presupuestarios, una vez aprobados por el Parlamento, no podían tratarse de aquella manera como resoluciones administrativas ilegales. La interpretación penal había excedido límites previsibles y vulnerado el principio de legalidad. Las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron anuladas total o parcialmente y se ordenó dictar nuevas resoluciones.

El TC no declaró inocente todo cuanto se hizo con las ayudas ni bendijo el sistema empleado. Dijo algo más preciso: los tribunales penales habían extendido indebidamente el delito de prevaricación. Pero la rectificación llegó cuando el daño político era irreversible. El escándalo de los ERE había contribuido decisivamente al desgaste del socialismo andaluz y a su salida del poder después de casi cuatro décadas. Una interpretación judicial no necesita sobrevivir para siempre para cambiar la historia; le basta con durar hasta las siguientes elecciones.

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, plantea otra vertiente. El TS lo condenó por revelación de datos reservados mediante una construcción indiciaria. Dos magistradas formularon un voto particular porque consideraron que esos indicios no demostraban que hubiera filtrado el correo investigado y porque tampoco apreciaban delito en la nota informativa difundida por la Fiscalía. No cabe decir que García Ortiz fuera condenado «sin pruebas», pues la mayoría entendió que existía una cadena de indicios suficiente. Sí cabe preguntarse hasta qué punto una inferencia puede suplir la ausencia de prueba directa cuando está en juego la presunción de inocencia y la condena aparta de su cargo al fiscal general.

El asunto está pendiente del TC. Entretanto, ya ha producido todos sus efectos institucionales. Esto revela otra peculiaridad del poder judicial: sus decisiones pueden derribar a un responsable público antes de que concluya la discusión sobre si estuvieron correctamente fundadas. La reparación posterior, si llega, se parece a devolverle el billete a quien perdió el tren.

Todavía más extraordinaria resulta la suspensión cautelar del voto de ciudadanos nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. El TS paralizó en septiembre de 2026 los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes alegando un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de las elecciones. No había declarado ilegal la concesión de aquellas nacionalidades ni resuelto todavía el fondo del recurso. Pese a ello, antepuso un riesgo electoral futuro y genérico al derecho de sufragio de ciudadanos españoles individualmente identificables.

La medida afecta a descendientes de quienes fueron expulsados de España por la guerra, la dictadura y la represión. Sus antepasados perdieron la patria, los bienes y, en muchos casos, sus derechos civiles. Décadas después, cuando una ley intenta reparar parcialmente aquella injusticia, el TS suspende cautelarmente uno de los principales derechos unidos a la nacionalidad. Haciéndolo, y anticipándose al futuro al sentenciar que son conocedores del «resultado deseado por los españoles» antes de que se celebren elecciones, los magistrados se arrogan un nuevo poder, el de adivinar, y una nueva función, la de videntes, que nadie, que yo sepa, les ha encomendado.

Tal vez el Supremo termine ofreciendo una justificación jurídicamente convincente. Por ahora, ha empleado una medida provisional para interrumpir un efecto político esencial de una ley vigente. Lambert habría reconocido inmediatamente el problema.

Queda, finalmente, la cuestión de los tiempos. La operación Kitchen ocurrió en 2013 y su juicio quedó visto para sentencia en julio de 2026. El caso Montoro se instruye desde 2018. Frente a esas causas interminables, las investigaciones que afectan al entorno del actual presidente del Gobierno han avanzado con una celeridad llamativa y una presencia constante en los medios. Es verdad que no todas las causas tienen la misma complejidad y que la diferencia de duración no demuestra por sí sola una manipulación deliberada. Pero tampoco puede exigirse a la ciudadanía que contemple esas velocidades tan diferentes sin extraer alguna conclusión.

Las causas rápidas producen titulares, comparecencias, dimisiones y efectos electorales. Las lentas se pierden en la memoria pública y, si terminan en condena, pueden proporcionar a los responsables la atenuante de dilaciones indebidas. El calendario procesal no figura en el Código Penal, pero puede ser políticamente tan poderoso como una sentencia.

Nada de esto demuestra la existencia de una organización judicial coordinada, esa «Toganostra» de la que habla el lenguaje polémico. El lawfare exige probar que los procedimientos jurídicos han sido utilizados deliberadamente como armas contra un adversario. Una sentencia discutible, una instrucción extravagante o una interpretación posteriormente anulada no bastan por separado para demostrarlo. Pero la acumulación importa. Cuando coinciden interpretaciones penales corregidas, medidas cautelares que suspenden derechos políticos, inferencias probatorias controvertidas, diferencias difícilmente explicables en los ritmos procesales y mecanismos disciplinarios percibidos como ineficaces, la sospecha deja de ser una extravagancia marginal.

Más del 65 % de los españoles cree que existe lawfare y tres de cada cuatro consideran que los partidos influyen en las decisiones judiciales. Una encuesta no convierte una sospecha en verdad, pero sí revela una quiebra de confianza. El problema ya no consiste únicamente en determinar si algunos jueces han traspasado sus límites. Consiste también en que una parte creciente del país piensa que lo han hecho y que nadie puede exigirles responsabilidades.

Boudin y Lambert no denunciaron que los jueces tuvieran poder. Advirtieron del peligro de que un poder concebido para controlar a quienes gobiernan terminara gobernando sin presentarse a las elecciones. Esa sigue siendo la pregunta española: quién vigila al legislador, quién vigila al vigilante y qué sucede cuando el vigilante, convencido de que solo está interpretando la ley, comienza a reescribirla.

GRAN ISRAEL: CUANDO LA BIBLIA ENTRA EN EL MAPA

 

«En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates». Esta frase, inserta en el Génesis (15:18), es la base de la que parten algunas de las corrientes más extremistas del sionismo para defender el derecho divino de Israel a controlar gran parte de Oriente Próximo.

En abril publiqué un artículo sobre las promesas británicas en Palestina en el que terminé diciendo que el mapa que salió de aquella ecuación todavía no había dejado de moverse. Quizá me quedé corto. Porque el problema no consiste solamente en que las fronteras hayan cambiado. También ha cambiado, y varias veces, la idea de hasta dónde debería llegar Israel.

Antes de seguir conviene despejar una confusión terminológica. Sionismo y semitismo no tienen prácticamente nada que ver. «Semítico» nació como término lingüístico para agrupar lenguas emparentadas, entre ellas el hebreo, el árabe y el arameo. En la Europa del siglo XIX apareció después «antisemitismo», palabra que, pese a su etimología equívoca, terminó designando específicamente la hostilidad hacia los judíos. El sionismo es otra cosa: un movimiento político nacional surgido a finales del XIX que defendía que los judíos constituían un pueblo y necesitaban un hogar nacional propio.

Tampoco debe confundirse judío con sionista. Ha habido y hay judíos antisionistas o no sionistas y existen, a su vez, sionistas no judíos, entre ellos esa moderna plaga que son los cristianos evangélicos. Y nunca existió un solo sionismo. Hubo sionistas socialistas, liberales, religiosos, culturales y nacionalistas. Como ocurre con casi todas las grandes ideologías, ponerse de acuerdo sobre el sustantivo no garantizaba hacerlo sobre los adjetivos.

En mi artículo anterior había dejado a Theodor Herzl y a los primeros sionistas intentando conseguir un hogar para los judíos en Palestina. Pero ni siquiera entonces estaba definitivamente resuelta una cuestión elemental: qué Palestina y con qué fronteras. El Mandato británico comprendía inicialmente territorios a ambos lados del Jordán. En 1921 los británicos separaron Transjordania, futura Jordania, de la administración palestina en Cisjordania, situada en la porción occidental del río.

Para una parte del movimiento sionista aquello constituía una renuncia intolerable. El hombre que mejor representó esa corriente fue Ze'ev Jabotinsky, fundador en los años veinte del llamado sionismo revisionista. Jabotinsky defendía un Estado judío territorialmente más ambicioso. Su movimiento acabaría convirtiéndose en el antepasado ideológico de la derecha israelí que conduce, pasando por Menájem Begin, hasta el Likud de Benjamin Netanyahu.

En 1923 Jabotinsky publicó su célebre ensayo El muro de hierro. Su razonamiento era sencillo: ningún pueblo indígena acepta voluntariamente que otro pueblo establezca una mayoría y una soberanía en su territorio. Los árabes palestinos, por tanto, se resistirían. El proyecto sionista solo podría consolidarse detrás de un «muro de hierro», es decir, mediante una superioridad de fuerza que hiciera inútil esa resistencia.

Cuando Israel nació en 1948, el mapa real fue resultado de una guerra, no de una teoría. Israel quedó constituido sobre un territorio mayor que el asignado al Estado judío por el plan de partición de Naciones Unidas de 1947, mientras Cisjordania quedó bajo control jordano y Gaza bajo administración egipcia.

Y entonces llegó 1967. La Guerra de los Seis Días transformó la geografía y también la imaginación política israelí. En seis jornadas Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. De repente, lugares cargados de historia bíblica como Hebrón, Belén, Jericó y la Ciudad Vieja de Jerusalén estaban bajo control de su ejército.

Para determinados judíos religiosos aquello significaba algo más que una victoria militar: la historia bíblica acababa de regresar al mapa. Cisjordania dejaba de ser, en ese lenguaje, Cisjordania. Era Judea y Samaria. Hebrón no era solamente una ciudad palestina ocupada en 1967: era el lugar de las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob.

De aquella combinación de nacionalismo, religión y territorio nació después de la guerra de Yom Kipur de 1973 Gush Emunim, el Bloque de los Fieles. Fundado formalmente en 1974 e inspirado por la teología del rabino Zvi Yehuda Kook, entendía el retorno judío a Judea y Samaria como parte de un proceso de redención. Establecer asentamientos podía convertirse así en un deber religioso.

Ahí adquirió su significado contemporáneo la expresión Gran Israel, aunque conviene manejarla con cuidado porque nunca ha designado un mapa único. Para unos comprende Israel y todos los territorios entre el Mediterráneo y el Jordán. Para ciertas formulaciones revisionistas históricas podía abarcar también Transjordania. Y existen versiones religiosas maximalistas que recurren a fronteras bíblicas mucho más extensas. Meter todas esas concepciones dentro del mismo mapa sirve para fabricar un cartel político, pero no para entender la historia.

Lo que sí puede documentarse es una continuidad ideológica respecto a Cisjordania. Cuando el Likud concurrió a las elecciones de 1977, las primeras que llevarían a Menájem Begin al poder, su programa proclamaba que el derecho del pueblo judío a Eretz Israel era «eterno e indiscutible». Y añadía: «entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí».

Aquello no significaba necesariamente anexionar cada metro cuadrado. El propio Begin devolvió a Egipto todo el Sinaí después de los acuerdos de Camp David. Ariel Sharon, otro dirigente histórico del Likud y gran promotor de los asentamientos, ordenó en 2005 la retirada unilateral de Gaza.

Pero Cisjordania fue diferente. Los asentamientos fueron multiplicándose y creando hechos sobre el terreno. Viviendas, carreteras, escuelas y centenares de miles de habitantes convierten una discusión sobre líneas dibujadas en un mapa en algo mucho más difícil de resolver. Naciones Unidas sostiene que los asentamientos establecidos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, carecen de validez jurídica y violan el derecho internacional; Israel ha impugnado distintos aspectos de esa interpretación.

Y así llegamos al presente. El 23 de julio de 2025, la Knéset aprobó por 71 votos contra 13 una declaración no vinculante que pedía al Gobierno aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos de Cisjordania y el valle del Jordán. El texto afirmaba que «Judea, Samaria y el valle del Jordán son una parte inseparable de Eretz Israel».

Seis días después, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich pidió a Netanyahu que aplicara la soberanía y explicó que su estrategia tenía dos etapas: primero una «soberanía de facto» y después la soberanía formal.   Markdown pegado

El 12 de agosto de 2025, durante una entrevista televisiva, el periodista Sharon Gal entregó a Netanyahu un amuleto que describió como un mapa de la Tierra Prometida y le preguntó si se sentía vinculado a aquella visión del Gran Israel. Netanyahu respondió que «mucho» y añadió que se consideraba embarcado en una misión «histórica y espiritual».

Sería un error convertir aquella respuesta en la prueba de un plan secreto israelí para conquistar medio Oriente Próximo. No lo demuestra. Tampoco existe un mapa oficial del «Gran Israel» que permita dibujar tranquilamente fronteras desde el Nilo hasta el Éufrates, como tantas veces circula por internet.

Pero tampoco se trata únicamente de una fantasía marginal. La declaración parlamentaria de 2025 y las propuestas públicas de miembros del Gobierno muestran que las reivindicaciones de soberanía israelí sobre Cisjordania forman parte de una corriente política institucional y documentable.

Y quizá ahí se encuentre la transformación más extraordinaria de esta historia. Herzl intentaba resolver un problema europeo: cómo proporcionar seguridad y autodeterminación a un pueblo perseguido durante siglos. Jabotinsky añadió la convicción de que ese proyecto solo sobreviviría respaldado por una fuerza incontestable. La victoria de 1967 incorporó territorios cargados de significado bíblico. Gush Emunim convirtió su colonización en misión religiosa. Y una parte de la derecha israelí terminó fundiendo seguridad, nacionalismo, religión y territorio.

Porque las fronteras pueden trazarse con una regla y modificarse mediante un tratado. Lo verdaderamente complicado comienza cuando una línea sobre el mapa deja de ser una cuestión de kilómetros y se convierte en una promesa de Dios.

HAMÁS, EL ENEMIGO QUE ISRAEL AYUDÓ A CREAR

 

«Hamás, para mi gran pesar, es una creación de Israel». La frase tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar en internet: es breve, escandalosa y parece explicar de golpe cuarenta años de historia de Oriente Próximo. Lo curioso es que no procede de un propagandista palestino ni de un enemigo declarado de Israel. La pronunció Avner Cohen, un funcionario israelí que durante más de veinte años se ocupó de asuntos religiosos en Gaza. En 2009 explicó al Wall Street Journal que Israel había cometido tres décadas antes un «enorme y estúpido error».

Conviene empezar aclarando qué significa exactamente semejante afirmación. Israel no reunió en un despacho a unos cuantos agentes del Shin Bet para inventar Hamás, redactar sus estatutos y colocar al frente al jeque Ahmed Yassin. La historia es más complicada y, precisamente por eso, más interesante. Lo que hizo Israel fue permitir, favorecer y en determinados casos financiar durante los años setenta y comienzos de los ochenta el crecimiento de las organizaciones islamistas palestinas que competían con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). De aquella infraestructura surgiría Hamás en 1987.

La historia comienza mucho antes. La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto por Hassan al-Banna en 1928, se había establecido en Palestina antes incluso de la creación del Estado de Israel. Los Hermanos Musulmanes o Hermandad Musulmana es una organización islamista, es decir, una organización política con un ideario basado en el islam y considerada terrorista por los gobiernos de Rusia, Estados Unidos, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, y Egipto, entre otros.

Después de la guerra de 1967, cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, la principal amenaza palestina que percibían las autoridades israelíes no procedía de los islamistas. Procedía de los nacionalistas.

Era la época de Yaser Arafat y de una OLP dominada por Fatah, acompañada de una constelación de organizaciones algunas de las cuales eran abiertamente marxistas. Secuestros de aviones, atentados y operaciones guerrilleras habían convertido a la OLP en el enemigo palestino prioritario de Israel. Los Hermanos Musulmanes parecían otra cosa. Preferían construir una sociedad islámica desde abajo antes que lanzarse inmediatamente a la guerra contra Israel.

En ese escenario apareció Ahmed Yassin, un predicador palestino tetrapléjico que acabaría teniendo una influencia formidable. En 1973 creó en Gaza el Mujamma al-Islami, el Centro Islámico. Su actividad parecía poco revolucionaria: mezquitas, escuelas, guarderías, clínicas, bibliotecas, asociaciones juveniles, deportes, ayuda a familias necesitadas e incluso bodas colectivas para jóvenes que no podían permitirse pagarlas. El historiador Jean-Pierre Filiu señala un detalle extraordinariamente revelador: el gobernador israelí asistió en septiembre de 1973 a la inauguración de la mezquita de Jawrat al-Shams, destinada a convertirse en uno de los escaparates del Mujamma.

La organización crecía y las autoridades israelíes no parecían especialmente preocupadas. Más bien al contrario. La razón puede resumirse mediante una de las reglas más antiguas de la política: si dos adversarios tuyos se disputan el mismo territorio, quizá convenga que ninguno de los dos gane demasiado deprisa. Los islamistas de Yassin competían por la influencia social con los nacionalistas de la OLP. Para Israel, que dedicaba grandes esfuerzos militares y policiales a combatir a estos últimos, aquella rivalidad podía resultar útil.

El paso decisivo llegó en septiembre de 1979, cuando las autoridades israelíes reconocieron oficialmente al Mujamma. El reconocimiento amplió considerablemente su capacidad administrativa y, sobre todo, sus posibilidades de conseguir dinero y extender su red. Filiu sitúa expresamente la decisión dentro del enfrentamiento entre Israel y el movimiento nacional palestino.

No se trató únicamente de mirar hacia otro lado. El general de brigada Yitzhak Segev, gobernador militar israelí de Gaza desde finales de 1979, reconocería que la administración militar disponía de presupuesto para las mezquitas. La frase que se le atribuye en un reportaje publicado el 28 de marzo de 1981 por David Shipleren The New York Times, es poco ambigua: «El Gobierno israelí me daba un presupuesto y el gobierno militar se lo daba a las mezquitas».

Aquí conviene detenerse porque la historia suele deformarse al pasar por las redes sociales. Segev no dijo la famosa frase de que «Hamás es una creación de Israel». Esa fue Avner Cohen. Lo importante es que ambos testimonios encajan en el mismo paisaje histórico: responsables israelíes reconocieron posteriormente que se había permitido e incluso alentado y financiado el crecimiento del islamismo palestino porque podía funcionar como contrapeso frente al nacionalismo secular.

Cohen asegura además que hubo advertencias. Algunos clérigos musulmanes de Gaza acudieron a las autoridades israelíes para prevenirlas contra Yassin. «Manteneos alejados de Yassin. Es un gran peligro», recuerda que les dijeron. Él mismo redactó a mediados de los años ochenta un informe recomendando poner fin a aquella política de dividir a los palestinos favoreciendo a los islamistas. No consiguió convencer a sus superiores.

Desde la perspectiva israelí de entonces, el cálculo no era necesariamente absurdo. Eso es precisamente lo inquietante de la historia. Las decisiones que terminan en catástrofe rara vez parecen disparatadas cuando se toman.

Yassin y sus seguidores no habían inventado todavía Hamás. La Hermandad Musulmana palestina dedicaba buena parte de sus energías a islamizar la sociedad y, en ocasiones, a enfrentarse políticamente con comunistas y nacionalistas palestinos. Mientras la OLP combatía a Israel, el movimiento islamista parecía relativamente manejable. Israel podía pensar que estaba fomentando una división dentro del campo adversario sin crear un enemigo equivalente. Pero estaba ayudando a que uno de aquellos adversarios construyera algo extraordinariamente valioso: una organización.

Una guerrilla necesita armas. Un movimiento político duradero necesita mucho más: militantes, dinero, lugares de reunión, redes de confianza, mecanismos de reclutamiento, instituciones educativas, asistencia social y presencia cotidiana en los barrios. El Mujamma fue acumulando precisamente todo eso.

En 1984 apareció una señal bastante clara de que la criatura estaba cambiando. Las fuerzas israelíes encontraron armas clandestinas y Yassin fue detenido y condenado. Sin embargo, en 1985 recuperó la libertad como consecuencia de un intercambio de prisioneros. Continuó entonces ampliando su influencia en Gaza.

Dos años después ocurrió lo que ninguno de los estrategas que habían considerado útil al islamismo palestino había previsto. En diciembre de 1987 estalló la Primera Intifada. Yassin y otros dirigentes islamistas decidieron que había llegado el momento de abandonar la relativa pasividad de la Hermandad Musulmana frente a Israel. Crearon Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Movimiento de Resistencia Islámica. Las iniciales árabes formaban una palabra mucho más fácil de recordar: Hamás.

La organización era nueva. La infraestructura sobre la que se apoyaba, no. Por eso resulta simultáneamente verdadero y erróneo afirmar que «Israel creó Hamás». Es erróneo si imaginamos una operación secreta mediante la cual los servicios israelíes fundaron una organización terrorista palestina. No existen pruebas sólidas de semejante cosa. Hamás fue fundado por palestinos islamistas procedentes de la Hermandad Musulmana y poseía raíces ideológicas propias que antecedían varias décadas al Estado de Israel.

Pero la frase de Avner Cohen señala algo históricamente más interesante. Israel contribuyó conscientemente a crear las condiciones institucionales en las que prosperó el movimiento del que nació Hamás, porque durante un tiempo consideró que los islamistas podían debilitar a un enemigo entonces mucho más peligroso: Arafat y la OLP. El propio reconocimiento oficial del Mujamma en 1979 aumentó su capacidad de organización y financiación.

La ironía histórica resulta difícil de exagerar. Israel había encontrado en Gaza una corriente religiosa que podía servir de contrapeso al nacionalismo palestino. Le permitió crecer porque dividía al adversario. Aquella corriente construyó mezquitas, escuelas, clínicas y asociaciones; creó una base social; acumuló recursos; desplazó a competidores y, cuando llegó la Intifada, transformó parte de aquella maquinaria social en una organización de resistencia armada.

Décadas después, Hamás se convertiría en el gobernante de Gaza y en uno de los principales enemigos de Israel. Quizá por eso la frase más instructiva de toda esta historia no sea siquiera aquella de Cohen sobre la «creación» de Hamás. Es otra cosa que dijo al recordar las decisiones tomadas cuando todavía había tiempo para cambiarlas. Las definió como un «enorme y estúpido error».

No era la primera vez que un Estado alimentaba a un adversario menor para debilitar a otro mayor. Tampoco sería la última. El problema de criar enemigos útiles es que llega un momento en que dejan de necesitarte.

NO, EL PETRÓLEO NO PROCEDE DE LOS DINOSAURIOS

 

Hace unos días cayó en mis manos una de esas revelaciones que circulan por Internet con la tranquilizadora seguridad de quien acaba de descubrir algo que miles de geólogos, químicos y compañías petroleras llevan un siglo empeñados en ocultar. El mensaje preguntaba por qué «la ciencia oficial» no quiere que sepamos el verdadero origen del petróleo. Nos han hecho creer, decía, que procede de dinosaurios y plantas muertas, cuando en realidad se fabrica continuamente en las profundidades de la Tierra. Como prueba, aseguraba que aparece donde nunca hubo vida, que algunos pozos agotados vuelven a llenarse y que se encuentran hidrocarburos a profundidades donde ningún dinosaurio sensato habría podido llegar.

La conclusión era formidable. El petróleo no sería un recurso finito, sino que se regeneraría constantemente. La historia de su escasez habría sido inventada para controlar los precios, provocar guerras y mantenernos sometidos al sistema energético. Es una teoría atractiva porque contiene varias afirmaciones verdaderas. El problema es que ninguna demuestra la conclusión.

Empecemos por hacer justicia a los dinosaurios. El petróleo no procede de ellos. La imagen del Tyrannosaurus rex convirtiéndose lentamente en gasolina es una simplificación infantil. Cuando llenamos el depósito estamos quemando principalmente restos transformados de organismos muchísimo menos espectaculares: algas, bacterias, fitoplancton y otra materia orgánica que vivió hace decenas o centenares de millones de años.

En mares y lagos productivos, enormes cantidades de organismos microscópicos nacen y mueren. La mayor parte se descompone, pero en determinados fondos pobres en oxígeno una fracción queda enterrada bajo nuevos sedimentos. Presión, temperatura y millones de años hacen el resto. La materia orgánica se transforma primero en kerógeno, una compleja mezcla de grandes moléculas orgánicas, y después, si alcanza las condiciones térmicas adecuadas, en petróleo y gas.

Tenemos una prueba particularmente hermosa de ese origen biológico: el petróleo contiene fósiles. No fósiles con huesos o conchas, sino fósiles moleculares. Son los biomarcadores, moléculas cuya arquitectura química conserva el recuerdo de sustancias que alguna vez formaron parte de seres vivos. Entre ellas aparecen hopanos relacionados con lípidos bacterianos, esteranos derivados de esteroles de organismos eucariotas y porfirinas emparentadas con pigmentos biológicos.

Los geoquímicos utilizan esos biomarcadores, junto con los isótopos del carbono y otros indicadores, para comparar un petróleo con las posibles rocas madre que lo generaron. Y aquí surge un pequeño inconveniente para la teoría conspirativa: estas técnicas no las utilizan solamente científicos universitarios. También las emplean las compañías petroleras para decidir dónde perforar. Sería un negocio curioso invertir miles de millones buscando petróleo mediante una teoría que se sabe falsa.

Ahora viene lo interesante, porque quienes hablan del petróleo abiótico tienen razón en algo fundamental. La Tierra puede fabricar hidrocarburos sin intervención de la vida.

Determinadas reacciones entre agua y rocas del manto pueden producir hidrógeno que, bajo ciertas condiciones, reacciona con carbono inorgánico y forma metano y otros hidrocarburos. También existen hidrocarburos y moléculas orgánicas en meteoritos y otros cuerpos del Sistema Solar. La química del carbono no necesita presentar un certificado de nacimiento expedido por una célula.

En enero de 2026 un equipo japonés aportó una observación especialmente interesante. Mitsukawa y colaboradores estudiaron un fragmento de peridotita procedente del manto superior bajo Tahití. En diminutas inclusiones atrapadas en sus minerales encontraron hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las características geoquímicas indicaban que aquellas moléculas se habían formado a gran profundidad sin intervención biológica.

Titular posible para Internet: «Científicos demuestran que el petróleo se fabrica en el interior de la Tierra». Sólo habría un pequeño problema: no encontraron petróleo. Encontraron moléculas orgánicas abióticas. Es fascinante porque demuestra que la química profunda de la Tierra puede fabricar compuestos orgánicos complejos. Pero de ahí a concluir que los grandes campos petrolíferos de Arabia, Texas o Venezuela proceden del manto hay una distancia considerable.

Además, sabemos reconocer los hidrocarburos abióticos. En un trabajo clásico publicado en Nature en 2002, Barbara Sherwood Lollar y sus colaboradores estudiaron metano, etano, propano y butano presentes en rocas cristalinas del Escudo Canadiense. Los isótopos de carbono e hidrógeno mostraron un patrón de formación abiótica distinto del de los hidrocarburos generados a partir de materia orgánica. Precisamente porque podemos distinguirlos, sabemos que una aportación abiótica importante no explica los grandes reservorios comerciales conocidos.

Otro argumento frecuente asegura que se encuentra petróleo en lugares donde jamás hubo suficiente vida para producirlo. Es cierto, pero tiene una explicación sencilla: el petróleo viaja.

Una vez formado en una roca madre puede migrar a través de poros, fracturas y estratos permeables hasta encontrar una roca porosa donde acumularse y otra impermeable que actúe como sello. Preguntarse cómo puede haber petróleo en una roca que nunca tuvo suficiente materia orgánica equivale a preguntarse cómo puede salir agua de un grifo si dentro de la tubería nunca ha llovido.

Quedan los famosos pozos que «se rellenan solos». Un yacimiento no es una enorme caverna llena de petróleo. Normalmente es una roca porosa cuyos diminutos espacios contienen petróleo, gas y agua. Al extraerlos modificamos las presiones y pueden continuar llegando hidrocarburos desde zonas menos permeables o compartimentos conectados. Además, un pozo «agotado» no está necesariamente vacío: muchas veces significa que seguir explotándolo dejó de resultar rentable. Nuevas técnicas pueden recuperar petróleo que siempre estuvo allí.

También puede continuar llegando petróleo mediante migración natural. Pero rellenar un depósito no equivale a fabricar su contenido. Si vaciamos un pozo de agua y al cabo de unos días vuelve a tenerla, nadie concluye que las paredes hayan aprendido a fabricar H₂O.

Y llegamos así al error fundamental: confundir formación natural con recurso renovable. Actualmente continúa formándose petróleo a partir de materia orgánica enterrada y también se producen hidrocarburos mediante procesos abióticos. Del mismo modo, siguen formándose montañas y rocas sedimentarias. La Tierra no ha dejado de trabajar porque nosotros hayamos aparecido.

Pero para decidir si un recurso es renovable importa la velocidad. Un bosque puede recuperarse en décadas y un embalse llenarse durante una temporada lluviosa. Un sistema petrolero necesita habitualmente millones de años para generar, transportar y concentrar cantidades importantes de hidrocarburos. Nosotros podemos extraerlas en unas décadas.

Decir que el petróleo es renovable porque todavía se está formando sería como declarar renovables las cordilleras porque el Himalaya continúa elevándose unos milímetros cada año.

La historia del petróleo abiótico resulta, por eso, mucho más interesante que una simple falsedad de Internet. Empieza desmontando algo que efectivamente es falso —el petróleo no procede de dinosaurios—, continúa recordándonos otro hecho verdadero —la naturaleza puede fabricar hidrocarburos sin organismos— y termina dando un salto para el que no existen pruebas: que nuestros grandes yacimientos son depósitos inagotables alimentados continuamente desde las profundidades.

Cada vez que repostamos estamos quemando una colección extraordinaria de moléculas. Parte de sus átomos de carbono estuvo hace millones de años en organismos microscópicos suspendidos en mares desaparecidos. Murieron, escaparon de la descomposición, quedaron enterrados, se transformaron, se cocinaron lentamente, migraron a través de las rocas y tuvieron la extraordinaria fortuna geológica de encontrar una trampa que los retuviera hasta que nosotros aparecimos con una perforadora.

No necesitamos dinosaurios. La verdadera historia es bastante más extraordinaria.

LAS LETRAS QUE NOS MANTIENEN VIVOS

 

Durante buena parte del siglo XIX, los científicos creyeron haber averiguado qué necesitaba comer un ser humano. La lista era tranquilizadora por su brevedad: proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y agua. Parecía que los fundamentos de la nutrición podían darse por resueltos. Había un pequeño inconveniente: una persona podía disponer de todo aquello y morirse de todas formas.

Los marineros que pasaban meses alimentándose de carne salada y galletas perdían los dientes y acababan muriendo de escorbuto. En Asia, personas que comían suficiente arroz desarrollaban beriberi, una enfermedad que debilitaba los músculos, alteraba el corazón y podía ser mortal. En las ciudades industriales europeas muchos niños crecían con las piernas deformadas por el raquitismo. En el sur de Estados Unidos, la pelagra provocaba las famosas cuatro D: dermatitis, diarrea, demencia y death, muerte.

El problema era desconcertante porque aquellas personas no siempre pasaban hambre. Comían e incluso podían ingerir suficientes calorías. Lo que nadie sabía era que se puede morir por falta de una cantidad minúscula de algo cuya existencia se desconoce. La historia de las vitaminas es por eso una historia científica contada al revés. Primero conocimos las enfermedades; después descubrimos qué alimentos las evitaban y, mucho más tarde, las moléculas responsables.

Uno de los primeros en seguir la pista fue Kanehiro Takaki, médico de la Marina Imperial japonesa. Entre 1878 y 1883 estudió el beriberi, que hacía estragos entre los marineros. En un barco cuya tripulación se alimentaba principalmente de arroz blanco pulido, 169 de los 276 hombres enfermaron y veinticinco murieron. En otro buque, donde se servían más carne, leche y verduras, solo hubo catorce casos y ninguna muerte. Takaki comprendió que el problema estaba relacionado con la alimentación. Eso era lo importante. También decidió que se debía a la falta de proteínas. Eso era menos importante porque estaba equivocado.

La siguiente pista apareció en las Indias Orientales Neerlandesas, donde el médico Christiaan Eijkman investigaba la misma enfermedad. Observó que los pollos de su laboratorio alimentados con arroz blanco pulido desarrollaban una parálisis parecida a la del beriberi. Cuando volvían a comer arroz sin pulir, se recuperaban.

El descubrimiento contó además con la colaboración involuntaria de un cocinero. Los pollos habían recibido durante un tiempo sobras del arroz blanco destinado a los pacientes de un hospital militar. Un nuevo cocinero consideró improcedente gastar comida militar en pollos civiles y dejó de suministrársela. Los animales cambiaron de dieta y mejoraron. A veces el progreso científico necesita un microscopio. Otras veces basta un funcionario escrupuloso.

Eijkman todavía no sabía qué estaba ocurriendo. La clave era que al pulir el arroz se eliminaban las capas externas del grano y, con ellas, una sustancia imprescindible. Su colaborador Gerrit Grijns comprendió que el problema no consistía en algo añadido al arroz blanco, sino en algo que había desaparecido.

Mientras tanto, Frederick Gowland Hopkins hacía experimentos con ratas. Las alimentaba con mezclas cuidadosamente preparadas de proteínas, grasas, carbohidratos y minerales. En teoría tenían todo lo necesario. En la práctica dejaban de crecer. Bastaba añadir una pequeña cantidad de leche para que recuperasen el entusiasmo por la existencia.

Hopkins habló de unos misteriosos «factores accesorios de los alimentos». Debían existir sustancias necesarias en cantidades diminutas que apenas aportaban energía pero sin las cuales un organismo no podía funcionar. Entonces apareció Casimir Funk.

Funk, bioquímico polaco nacido en Varsovia, investigó aquella sustancia del salvado de arroz capaz de prevenir el beriberi y en 1911 obtuvo una fracción concentrada con actividad biológica. Al año siguiente dio un paso mucho más importante: propuso que el beriberi no era un caso aislado. El escorbuto, la pelagra y el raquitismo podían deberse también a la ausencia de pequeñas sustancias indispensables presentes en los alimentos.

Creyó que aquellas sustancias pertenecían al grupo químico de las aminas. Como eran aminas necesarias para la vida, unió vita, vida, con amine y fabricó una palabra destinada a triunfar: vitamine. Acertó en lo fundamental y se equivocó en el detalle. No todas eran aminas. Cuando se descubrió, se eliminó la e final inglesa y vitamine quedó convertida en vitamin. El nombre sobrevivió a la teoría química que lo había originado.

Conviene precisar que Funk no aisló en 1912 un frasquito de vitamina B1 pura, como a veces se cuenta. Obtuvo concentrados activos y, sobre todo, formuló el concepto de vitamina. La identificación química de la tiamina llegaría después.

En 1929, Eijkman y Hopkins compartieron el Premio Nobel por sus investigaciones sobre aquellos factores nutritivos. Funk quedó fuera. También Grijns. No hubo, en realidad, un descubridor de las vitaminas, sino una multitud de científicos encontrando fragmentos de un rompecabezas cuya imagen completa todavía no conocían. Para entonces había surgido otro problema: cómo llamar a aquellas sustancias.

En 1913, Elmer McCollum y Marguerite Davis observaron que unas ratas alimentadas con manteca como única fuente de grasa dejaban de crecer y desarrollaban trastornos oculares. Al añadir grasa de mantequilla o extracto de yema de huevo, se recuperaban. McCollum llamó a la sustancia desconocida «factor A soluble en grasa». Al factor contra el beriberi soluble en agua se le asignó la letra B. Había nacido el alfabeto vitamínico.

Pronto resultó que B no era una sustancia, sino un cajón lleno de compuestos diferentes. Hubo que numerarlos: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Como habrá observado el lector, faltan números. No es que los bioquímicos tuvieran problemas para contar. Algunos compuestos bautizados inicialmente como vitaminas resultaron no serlo y fueron expulsados del club. Sus números quedaron vacantes, como habitaciones clausuradas de un hotel antiguo.

Después llegaron C, D y E. La K rompió la secuencia porque el bioquímico danés Henrik Dam descubrió un factor necesario para la coagulación y lo bautizó Koagulations Vitamin.

Mientras el alfabeto crecía, Joseph Goldberger se enfrentaba a otro misterio. A comienzos del siglo XX, la pelagra devastaba las regiones pobres del sur de Estados Unidos. Muchos pensaban que era una enfermedad infecciosa. Goldberger reparó en algo extraño: en orfanatos y manicomios enfermaban los internos, pero no los médicos ni las enfermeras que convivían con ellos. Un microbio tan respetuoso con la jerarquía laboral resultaba sospechoso.

Goldberger señaló a la dieta. Los pobres del sur vivían fundamentalmente de maíz, melaza y tocino graso. Cuando añadió leche, huevos, carne y verduras a la alimentación de los internos, la pelagra desapareció. Para demostrar que no era contagiosa organizó las que llamó filth parties, «fiestas de la inmundicia». Él, varios colaboradores e incluso su esposa ingirieron cápsulas preparadas con secreciones y excrementos de enfermos de pelagra. Nadie enfermó. Es un experimento que hoy encontraría ciertas dificultades para superar un comité de ética y probablemente todavía más para reclutar voluntarios. Goldberger murió sin conocer la sustancia que buscaba. En 1937 se demostró que era la niacina, vitamina B3. La pelagra no era solo una enfermedad nutricional: era también una enfermedad de la pobreza.

Algo parecido ocurrió con el escorbuto. James Lind había demostrado ya en el siglo XVIII que los cítricos podían prevenirlo, pero hubo que esperar hasta el XX para identificar la vitamina C. Albert Szent-Györgyi aisló el compuesto y Walter Haworth contribuyó a establecer su estructura. Recibió un nombre magníficamente descriptivo: ácido ascórbico, es decir, «contra el escorbuto».

En pocas décadas apareció así todo un mundo químico que había permanecido invisible durante la historia humana. Y no porque las vitaminas fueran raras, sino precisamente porque estaban por todas partes. Nuestros antepasados las habían obtenido durante millones de años de dietas variadas sin sospechar siquiera que existían.

El arroz blanco resume perfectamente la paradoja. El pulido proporciona un grano atractivo, duradero y agradable al paladar, pero elimina buena parte de la tiamina de sus capas externas. La tecnología había conseguido fabricar un alimento más blanco y, al mismo tiempo, nutricionalmente más pobre.

Después sucedió algo todavía más curioso. Una vez descubiertas las vitaminas pasamos de ignorarlas a venerarlas. La palabra «vitamina» adquirió un aura saludable. Si una pequeña cantidad era imprescindible, parecía lógico pensar que una cantidad grande sería todavía mejor. Pero la bioquímica no funciona así. Las vitaminas son necesarias porque intervienen en procesos concretos, no porque contengan alguna misteriosa fuerza vital. Algunas, sobre todo las liposolubles A, D, E y K, pueden acumularse y alcanzar concentraciones perjudiciales.

La fascinación comercial ha llegado incluso a inventar vitaminas inexistentes. La amigdalina se ha vendido como «vitamina B17» acompañada de supuestas propiedades contra el cáncer. No es una vitamina. Tampoco existe una vitamina O, aunque el nombre se haya utilizado para vender preparados de supuesto «oxígeno estabilizado». Que el alfabeto tenga huecos no significa que cualquiera pueda rellenarlos.

Probablemente tampoco quedan vitaminas esenciales importantes por descubrir. Personas que dependen durante largos periodos de nutrición parenteral pueden mantenerse con mezclas que contienen aminoácidos, glucosa, grasas, minerales, oligoelementos y las vitaminas conocidas. Si faltara algún factor imprescindible, acabaríamos notándolo.

Y quizá esa sea la parte más hermosa de la historia. Las vitaminas no se descubrieron porque alguien decidiera buscarlas. Nadie puede buscar algo cuya existencia ni siquiera sospecha. Fueron el escorbuto, el beriberi, el raquitismo y la pelagra los que fueron dejando pistas. Marineros japoneses, pollos de Java, ratas que se negaban a crecer y pobres del sur de Estados Unidos participaron involuntariamente en uno de los grandes descubrimientos de la biología moderna.

Al final resultó que entre estar bien alimentado y estar vivo podían mediar unos pocos miligramos de una sustancia invisible. Tuvimos que recorrer casi todo el alfabeto para darnos cuenta.

MILEI Y LOS PERROS DE OLIVOS

 

En Argentina, Olivos no es una aceituna. Es una residencia presidencial a veinte kilómetros de la Casa Rosada, con árboles viejos, jardines de tamaño suficiente para que un presidente se sienta emperador y una tradición de discreción que se remonta a tiempos en que los presidentes todavía creían que vivir en una quinta no consistía en atrincherarse en ella.

La Quinta de Olivos ha conocido de todo: peronistas, militares, radicales, matrimonios presidenciales de complicada geometría y empleados que, por oficio y costumbre, aprendieron a no preguntar demasiado. En los últimos días ha conocido otra cosa: el desalojo administrativo. El Gobierno de Javier Milei disolvió su administración general, echó a parte del personal civil y entregó a la Casa Militar no sólo la seguridad, que ya tenía, sino el mando sobre el funcionamiento cotidiano de la residencia.

La explicación oficial es llamativa incluso para un país acostumbrado a las explicaciones oficiales. Se trata, se dijo, de mejorar la seguridad del presidente y de su entorno, y de prepararse para la visita de León XIV. El Papa, hasta donde se sabe, no tiene previsto alojarse en Olivos ni hacer allí escala entre dos milagros. La Casa Militar, además, ya se ocupaba de proteger al presidente, a sus familiares y a sus residencias. Lo novedoso es que ahora también tendrá que ver con jardines, cocina, mantenimiento, puertas y pasillos. Es decir, con todo aquello que permite que una casa funcione y que, en una presidencia paranoica, permite también que algo se filtre.

No se sabe con exactitud cuántos trabajadores fueron despedidos: los sindicatos hablan de diez, otros medios de una docena. La diferencia carece de importancia. Cuando se echa a diez empleados de una residencia presidencial porque hay temor a las filtraciones, ya no se está ante una medida de ahorro. Tampoco ante un problema de organigrama. Se está ante un presidente que sospecha de quienes le sirven el café, cortan el césped o conocen la hora a la que se encienden las luces.

Cuando Milei habla de «filtraciones», probablemente se refiere, dicen medios argentinos, a la noticia de que en la Quinta de Olivos se compraron 28 toneladas de carne por 900 millones de pesos —unos 280 000 euros—. La compra es por un contrato anual y los 28 000 kilos de carne serán entregados progresivamente, pero el asunto desató una ola de críticas en las redes sociales, con mucha gente afirmando, sin pruebas ni argumentos sólidos, que esa carne era para los perros de Milei.

Que esa compra se conociera en detalle molestó a Milei, que recientemente pasó mes y medio sin pisar la Casa Rosada. Son insistentes las informaciones  acerca de largas veladas hasta la madrugada en las que el presidente escucha ópera, juega con sus perros o avanza en la escritura de un libro. Se le ha visto más de una vez con el rostro hinchado y ojos enrojecidos, señales de que duerme poco o nada, aseguran sus críticos.

Milei llegó a la política a través de un programa de radio. Se llamaba Demoliendo Mitos. Milei lo condujo entre 2017 y 2022, inicialmente en la radio en línea Conexión Abierta. Allí fue afianzando su personaje público de economista libertario antes de saltar con fuerza a la televisión. Hacía un comentario económico y luego cantaba un rock and roll. Era un señor que llenaba tiempo en la radio gratis y te ocupaba diez minutos, diez minutos salvajes, porque decía la primera burrada que le pasaba por la cabeza. Un personaje pintoresco.

El fenómeno posterior dice mucho de cuál era la situación de Argentina, que era insostenible. Que un país culto como Argentina apostara por Milei fue básicamente un ansia de ruptura: vamos a acabar con todo. Ahora Javier Milei lleva casi tres años convirtiendo la política argentina en una mezcla de laboratorio económico, festival de rock y ajuste de cuentas personal.

La inflación ha bajado de manera apreciable, y ése es un mérito político que nadie serio debería negar. Pero la baja de la inflación no convierte por sí sola a un país en habitable. Mientras los precios dejan de correr como liebres, una parte de la industria y de la construcción se hunde como una piedra; cierran empresas, se pierde empleo formal y el consumo se contrae. El argentino común puede alegrarse de que el tomate no suba cada martes y lamentar, al mismo tiempo, que su fábrica haya cerrado el viernes anterior. Las dos cosas no se contradicen: se suman.

Milei no es el primer presidente argentino que vive rodeado de rumores. La diferencia es que él los alimenta con entusiasmo. Acusa a periodistas, enemigos, “operadores”, políticos, economistas, universitarios, sindicalistas y personas en general de pertenecer a una conspiración cuya única debilidad es no tener contornos claros. No parece haber un cuarto de Olivos en el que no pueda esconderse un espía, ni una crítica que no proceda de una operación.

En ese ambiente apareció Olga Wornat, periodista de largos años y muchas biografías presidenciales, con una descripción de gran potencia narrativa y peligrosas consecuencias: Milei, según ella, no gobernaría; permanecería encerrado, gritaría y hablaría con los retratos de sus perros muertos; de vez en cuando, añadió, llegaría una ambulancia. Wornat no es una señora que haya entrado por equivocación en la política argentina. Ha escrito sobre Carlos Menem y Cristina Kirchner y conoce el ecosistema presidencial mejor que muchos ministros.

Pero una afirmación no se convierte en prueba porque resulte pintoresca, ni porque encaje con la imagen que el mundo tiene de Milei. Nadie puede diagnosticar a distancia a un presidente, y mucho menos convertir el diagnóstico en una pieza de opinión. Las declaraciones de Wornat deben leerse como lo que son: el testimonio grave de una periodista, no un parte médico ni una certificación clínica. En un país normal, esa distinción sería innecesaria. En Argentina, y especialmente bajo Milei, conviene escribirla con letras grandes.

Lo que sí está a la vista es un estilo de poder. Milei tiene una relación excepcional con sus mastines ingleses. Ha hablado de ellos como hijos, ha clonado a Conan —su perro muerto— y ha dicho que consulta con sus animales asuntos de gobierno. Parte de la prensa internacional ha tratado el asunto como una extravagancia simpática, algo parecido a un político que toca la guitarra o colecciona trenes eléctricos. No lo es del todo. Los perros son una parte central de su imaginario: lealtad sin discusión, afecto sin contradicción, compañía sin prensa, sin oposición y sin Congreso.

Un perro nunca vota en contra. Tampoco pide explicaciones sobre el presupuesto, ni pregunta si conviene echar a los jardineros para impedir que cuenten qué ocurre tras los muros. Los perros no filtran conversaciones. No se rebelan. No negocian con Karina Milei, no discuten con Patricia Bullrich y no tienen la desagradable costumbre de recordar lo que dijo el presidente la semana anterior.

Los animales, naturalmente, no tienen culpa de nada. La cuestión no es si Milei quiere mucho a sus perros: ése es un asunto suyo y de los perros. La cuestión es qué revela que la residencia presidencial se reorganice alrededor de un hermetismo cada vez mayor, mientras las versiones sobre la vida privada del mandatario adquieren más importancia que las decisiones públicas. Cuando el poder se encierra, los rumores entran por las ventanas. Y si se clausuran las ventanas, entran por las rendijas.

Patricia Bullrich ofrece el complemento político de esta historia. Llegó al mileísmo desde una derecha que ya parecía haber probado todas las estaciones del metro ideológico argentino. En el Senado actúa como portavoz del oficialismo, pero también como una figura que mantiene agenda propia, conflictos propios y una independencia cuidadosamente medida. Su relación con Karina Milei, la hermana omnipotente, es mala. La de Karina con casi todos parece mejorable. El Gobierno funciona como una familia que hubiera decidido administrar un país antes de aprender a comer junta sin discutir.

Milei necesita ser reelegido en 2027. Para lograrlo no le bastará con exhibir un índice de inflación razonable ni con cantar en un escenario. Tendrá que persuadir a argentinos que ven cerrar talleres, caer obras, perder empleos y reducirse el tamaño de sus compras. Tendrá que explicar por qué el sacrificio de hoy debe ser el bienestar de mañana, una promesa que en Argentina posee una larga historia y un historial de cumplimiento más bien modesto.

Y tendrá que hacerlo desde fuera de Olivos. Un presidente puede encerrarse con sus perros, con sus cuadros, con sus ministros fieles o con los militares encargados de que nadie entre ni salga sin permiso. Pero el país no cabe en una quinta. Argentina es mucho más ruidosa, más pobre, más imprevisible y, sobre todo, mucho menos obediente que un mastín inglés.