En estos días en los que “arancel”
(la tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios
servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etcétera) se ha convertido en
la estrella del diccionario, algunos han dado en recordar la vieja frase del presidente
Abraham Lincoln: «yo no sé gran cosa de aranceles. Lo que sí sé es que cuando
compro una chaqueta fabricada en Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e
Inglaterra con el dinero, mientras que, si la compro en Estados Unidos, yo me
quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero».
El «argumento Lincoln» confunde
la posesión de dinero con la posesión de riqueza. La diferencia entre riqueza y
dinero radica principalmente en su naturaleza y en cómo se perciben dentro de
la economía: dinero es un medio de intercambio que se utiliza para comprar
bienes y servicios. Es una unidad de medida de valor, pero por sí mismo no
genera riqueza. El dinero puede ser en forma de billetes, monedas o depósitos
bancarios, y su valor puede fluctuar según factores económicos como la
inflación o la oferta y demanda.
Riqueza, en cambio, es un
concepto más amplio. Se refiere a los recursos y activos acumulados que tienen
valor, como propiedades, tierras, acciones, empresas, y otros bienes materiales
o inmateriales. La riqueza incluye no solo el dinero, sino también otros
elementos que pueden generar ingresos o mantener su valor a lo largo del
tiempo, como inversiones o propiedades inmobiliarias. Además, la riqueza puede
ser una fuente de dinero, ya que algunos activos generan rentas o ganancias.
En resumen, el dinero es solo una
herramienta dentro del proceso de acumulación de riqueza, pero no toda riqueza
se traduce directamente en dinero. La riqueza también incluye activos y
recursos que pueden no ser líquidos o fácilmente convertibles en efectivo.
Confundir ambos conceptos, como
ha hecho Trump, constituye un error de grandes proporciones, típico de los
economistas conocidos como «mercantilistas», muy de moda en los siglos XVII y
XVIII entre autores que, como Thomas Munn
(1517-1641), pensaban que un país debe exportar más cantidad de la que debe
importar: su balanza de pagos exterior debe ser siempre favorable, con lo que
acumulará grandes cantidades de dinero lo que parece bueno. Es el fetichismo
del dinero que subduce a políticos ignorantes, populistas y demagogos.
Acumular dinero no es acumular riqueza. Es
más, la acumulación de dinero en un país provoca inflación y disminución del
valor de los salarios. Ésa es la razón por la que la España de los siglos XVI y
XVII, inundada por el oro y la plata procedente de América, era inflacionaria y
pobre, pues los Austrias practicaron una autarquía nefasta que impedía comprar
al extranjero con el argumento de que el oro y la plata españoles no debían
salir de España para no empobrecer al país.
La mejor doctrina económica siempre fue y ha
sido contraria al proteccionismo. La frase de la «chaqueta de Lincoln»
constituye una falacia con nulo soporte económico: lo que ocurre es que el
comprador de la chaqueta norteamericana es ahora más pobre y tiene menos dinero
del que tendría si hubiera podido comprar la chaqueta inglesa, probablemente más
barata y de mayor calidad. Si se imponen aranceles a las chaquetas inglesas, el
consumidor norteamericano compra una chaqueta cara (elaborada por su propia industria
textil doméstica) y probablemente peor que la chaqueta inglesa. Se ha
empobrecido para premiar a los fabricantes ineficientes norteamericanos, lo que
es absurdo.
El proteccionismo es negativo.
Constituye una política económica errónea que comporta consecuencias nefastas
para todos. Sin embargo, y paradójicamente, es una doctrina muy bien recibida
por el público en general, por lo que los políticos profesionales y los
populistas recurren a ella con asombrosa frecuencia. Se trata de un plantamiento
que puede hacer ganar elecciones y que permite alcanzar altas cotas de
popularidad a sus defensores. Es frecuente leer proclamas y soflamas del estilo
«compra sólo productos españoles», «British jobs for British workers», «no
a los juguetes chinos», «si compras productos extranjeros los
trabajadores españoles pierden sus empleos», y otras de semejante tenor.
El argumento del presidente Trump
para iniciar una guerra comercial internacional se basa en un alegato de
«justicia» e igualdad que suena muy bien en la sociedad americana poco
informada. Es cierto que algunos gobiernos extranjeros saquean a sus ciudadanos
con elevados impuestos arancelarios sobre las importaciones americanas (y
extranjeras, en general), obligándoles a pagar precios más altos por esos
productos o por productos nacionales competidores.
La razón por la que se llaman
aranceles «protectores» es que los precios más bajos «protegen» a los
consumidores. Cuando su competidor extranjero se ve obligado a pagar un
impuesto del 50% sobre sus productos y un fabricante local no, este puede
aumentar su precio en, digamos, un 40% y seguir teniendo un precio inferior al foráneo
por más que su producto sea de calidad muy interior y fabricado a un coste mucho
menor.
Las empresas con conexiones
políticas se embolsan así el botín a costa de sus desventurados conciudadanos siempre
prestos a envolverse en la enseña nacional. Los impuestos arancelarios son un
robo legalizado en beneficio de empresas ya ricas y nunca han sido más que otro
esquema de compra de votos que empodera a los poderosos políticamente y castiga
al consumidor común, emgañado por una falsa retórica patriótica y nacionalista.
La exigencia de «justicia» del
presidente Trump es la siguiente: cualesquiera que sean los impuestos
arancelarios que los gobiernos extranjeros impongan a las importaciones
americanas, se impondrá un impuesto arancelario equivalente a sus importaciones
en los Estados Unidos. Es justo, dice. y sus audiencias tipo “Village People”,
como la que reunió en el jardín de las rosas de la Casa Blanca el pasado día 3,
aplaude su justificación para imponer impuestos arancelarios más altos —mucho
más altos— a las importaciones en Estados Unidos.
El resultado final de esto será
un grado aún mayor de robo legalizado, ya que los consumidores americanos y las empresas americanas que utilizan piezas
importadas para sus propios productos manufacturados (es decir, por ejemplo, las
empresas automovilísticas americanas que importan piezas de automóviles de
Canadá y México) son saqueados con precios más altos pagados por los mismos
productos (o de peor calidad). El robo político mediante impuestos arancelarios
siempre ha sido el timo de robar a Pedro para pagar a Pablo.
¿Cómo puede ser «justo» para los
consumidores americanos, los fabricantes de automóviles y una miríada de otras
empresas americanas verse obligados a pagar precios más altos? Por supuesto que
no lo es; es injusto se mire como se mire.
Hay un dicho en economía que dice
que un impuesto sobre las importaciones es también un impuesto sobre las
exportaciones. Si los socios comerciales extranjeros de los americanos se ven
empobrecidos por los aranceles proteccionistas, tendrán menos dólares con los
que comprar productos americanos en el comercio internacional, especialmente
productos agrícolas. Obviamente, esto perjudicará a los exportadores americanos,
a sus empleados y a los consumidores estadounidenses. No hay nada más antisocial
que los impuestos arancelarios proteccionistas.
El presidente Trump ha declarado
repetidamente con gran emoción que con sus inminentes enormes aumentos de
impuestos arancelarios «nosotros», refiriéndose al gobierno federal, «vamos a
ingresar MUCHO dinero.» Pues bien. Debería explicar ahora desde cuándo ha sido
la prioridad de su administración vaciar los bolsillos de los consumidores y
empresas americanas con impuestos arancelarios para que la burocracia federal
pueda agrandarse e hincharse aún más de lo que ya está. ¿No es eso una
contradicción rotunda de todas las promesas de campaña del presidente Trump,
por no mencionar el objetivo profesado del DOGE liderado (por el momento) por
Elon Musk?
El presidente nunca se resiste a
presumir de su destreza negociadora y es evidente que pretende utilizar la
amenaza de los impuestos arancelarios como su principal herramienta de
negociación. Si realmente fuera un maestro negociador verdaderamente interesado
en la justicia y la equidad, propondría el siguiente trato a los gobiernos
extranjeros: «Eliminaremos todos los impuestos arancelarios sobre sus
importaciones a los Estados Unidos si ustedes eliminan todos los impuestos
arancelarios sobre las importaciones americanas a su país».
Esa sería una táctica de
negociación muy superior a su quijotesco llamamiento a una guerra comercial
internacional al estilo del siglo pasado, en el que hubo dos actuaciones
arancelarias parecidas a las propuestas por Trump cuyos resultados fueron
nefastos. La Tariff Act de 1930 más conocida como Ley Hawley-Smoot aumentó
unilateralmente los aranceles a los productos importados con el objetivo de
proteger a los productores nacionales durante la Gran Depresión. Sin embargo,
resultó en represalias comerciales de al menos veinticinco países, lo que
exacerbó la crisis económica global. La Tariff Act es un ejemplo
paradigmático de cómo las políticas proteccionistas pueden tener consecuencias
negativas a gran escala.
Otro estrepitoso fracaso sucedió con
la ley de 1971 de Nixon promulgada en plena Guerra de Vietnam. Una de las
primeras medidas adoptadas por Roosevelt al alcanzar la presidencia fue derogar
la Hawley-Smoot, mientras que Nixon también anuló la suya al sufrir en propias
carnes las nefastas consecuencias del aumento de inflación, encarecimiento de
petróleo, y subida de tipos.
Si nos atenemos a la historia, la
medida adoptada ahora por Donald Trump no augura nada nuevo.
