Dentro de unas horas, el Congreso de los Estados Unidos (un órgano
bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado) se reunirá en
sesión conjunta para contar los votos del Colegio Electoral emitidos
en las capitales estatales el mes pasado. En su papel de presidente del
Senado, el vicepresidente Mike Pence debería proclamar oficialmente a Joe Biden
como el próximo presidente del país.
Este proceso formal, el último
paso en las elecciones presidenciales, se ha convertido en la ¿penúltima?
trinchera del esfuerzo
desesperado, insostenible y posiblemente
criminal del presidente Donald Trump para cambiar los resultados de 2020.
En su negativa a dar su brazoa torcer, Trump está presionando a
Pence y a los representantes republicanos para retrasar
u oponerse a la proclamación.
La sesión conjunta del Congreso el 6 de enero no es una mera
formalidad. La Ley de
Recuento Electoral de 1887 exige que el Congreso convoque y revise, y no
solo que certifique formalmente, los resultados del Colegio Electoral.
Esa ley fue una respuesta a las disputadísimas
elecciones presidenciales de 1876. Ese año, los republicanos que apoyaban
al candidato Rutherford B. Hayes alegaron fraude electoral en cuatro estados
que favorecían al demócrata Samuel Tilden, lo que obligó al Congreso a nombrar
una comisión independiente para resolver 20
votos electorales disputados.
La comisión nominalmente bipartidista, compuesta por cinco
senadores, cinco congresistas y cinco jueces de la Corte Suprema, otorgó los
votos en disputa a Hayes, lo que le permitió superar los 185 votos frente a 184
obtenidos por Tilden en el Colegio Electoral. Los procedimientos dejaron una
nube de sospecha sobre Hayes, quien recibió el sobrenombre de "Rutherfraude
B. Hayes".
El Congreso también salió escaldado de la prolongada y feroz
disputa electoral. Para minimizar la probabilidad de que alguna vez volvieran a
decidir el resultado de una elección presidencial, los legisladores aprobaron
en 1887 la Ley de Recuento Electoral. La ley pone la responsabilidad de
resolver las disputas electorales en los estados. Mientras lo hagan,
certificando los resultados de sus elecciones a más tardar seis días antes de
que el Colegio Electoral se reúna para emitir sus votos, sus resultados se
considerarán "concluyentes" cuando el Congreso se reúna para certificar la
votación el 6 de enero.
En 2020, todos los estados certificaron sus resultados electorales
antes de la fecha límite de del 8 de diciembre. Joe Biden ganó 306 votos
electorales, superando
los 270 votos necesarios para convertirse en presidente electo, y Donald
Trump logró 232. El Congreso está legalmente obligado a ceder ante esas
decisiones estatales.
Sin embargo, incluso los resultados concluyentes pueden ponerse en
cuestión. De acuerdo con la Ley de Recuento Electoral, si un congresista o un
senador están de acuerdo en que una impugnación merece crédito, la Cámara de
Representantes y el Senado deben volver a reunirse por separado y deliberar no
más de dos horas antes de votar para mantener o rechazar la impugnación. Para
que la impugnación prospere, se necesita que dos mayorías, una en cada cámara,
vote a favor.
Para anular el resultado de una elección, el Congreso tendría que
descalificar suficientes votos electorales para privar a un candidato de los
270 votos necesarios para ganar. Si se consiguiera, el Congreso elegiría al
próximo presidente basándose en un
sistema de votación especificado en el Artículo II de la Constitución.
Esta tarde, en un intento de cambiar 63 votos electorales de Biden
a Trump, al menos una docena de senadores republicanos se opondrán a los resultados
en Georgia, Pensilvania, Arizona y Michigan. Sus alegaciones se fundamentan
en denuncias de fraude electoral ya desacreditadas administrativa y
judicialmente. No hay posibilidad alguna de que los demócratas, que controlan
la Cámara de Representantes, voten para apoyar esas recusaciones.
A
menos que dimita y ceda la Presidencia a Pence, presidente del Senado pro
tempore, como hizo el vicepresidente
Hubert Humphrey en enero de 1969, el ahora vicepresidente tendrá el papel
formal pero políticamente importante de presidir una proclamación impugnada.
Después de que los certificados de voto de los 50 estados y de
Washington DC se lleven a la sesión conjunta, el vicepresidente abrirá los 51
sobres uno a uno y los entregará a los "cajeros" designados. A medida
que estos anuncien en voz alta los resultados de cada estado y registren los
votos para el recuento final, el vicepresidente «pedirá objeciones, si las
hay».
Si los republicanos objetan, se realizará una votación por
separado en ambas cámaras. Cuando los republicanos no puedan obtener el apoyo
necesario, Pence deberá declarar a Biden presidente electo. Pence está obligado
constitucionalmente a cumplir con este deber, por más que Trump diga que
confirmar la
victoria de Biden sería una traición.
Un presidente estadounidense que organiza un intento de subvertir
una elección, con al
menos una docena de senadores apoyándole, daña profundamente la democracia,
que depende de la transferencia pacífica del poder. Los republicanos, y sobre
todo Mike Pence, se enfrentan a una elección entre la fidelidad a la
Constitución y la fidelidad a Trump. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.