La puesta en marcha del Acuerdo
de París sobre el cambio climático[1],
aprobado en la conferencia de Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre de
2015, estaba sujeta a dos requisitos: que al menos 55 partes lo ratificaran y
que estas sumaran como mínimo el 55% de las emisiones globales de gases
contaminantes. Según
los datos de la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio
Climático (CMNUCC),
el objetivo se logró el pasado 6 de octubre.
Cuando
redacto estas líneas (7:35 am del 12 de octubre), 76 partes de las 197 de la
convención lo han ratificado, lo que representa casi el 60% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. Al superar estos dos umbrales, el
acuerdo entrará en vigor 30 días después, es decir el próximo 4 de noviembre de
2016, unos días antes del inicio de la celebración de la Cumbre del Clima que
este año tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre (COP22).
«Los países
han hecho posible la entrada en vigor del Acuerdo de París a una velocidad sin
precedentes en la historia reciente de los acuerdos internacionales. Es una
rotunda confirmación de la importancia que las naciones dan a la lucha frente
al cambio climático y al aprovechamiento de las muchas oportunidades inherentes
al Acuerdo de París», ha declarado Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de
la CMNUCC.
Para Ban
Ki-moon, secretario general de la ONU, el fuerte apoyo internacional a la
entrada en vigor del Acuerdo de París demuestra que es urgente actuar y refleja
que existe entre los gobiernos un fuerte consenso para la cooperación
internacional que es esencial para afrontar el reto climático: «Por encima de
todo, la entrada en vigor es una buena señal de la urgente y acelerada
implementación de la acción climática tan necesaria para hacer posible un mundo
mejor y más seguro, y apoyar además el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible».
La entrada en
vigor del Acuerdo de París tiene una serie de importantes implicaciones como la
entrada en funcionamiento de su órgano de gobierno, conocido como CMA, es decir
la Conferencia de las Partes. Como la cuenta atrás para la entrada en vigor ya
ha comenzado de manera formal, esoo que significa que la CMA se producirá
durante la COP 22.
Por otro
lado, los planes nacionales de acción climática, conocidos formalmente como las
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC, por sus
siglas en inglés), que las Partes presentaron como aporte al Acuerdo de París,
se transformarán en contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). En
cualquier momento, los países pueden revisar estos planes para aumentar su
nivel de contribución. Un elemento clave del Acuerdo de París es que estos
planes solo pueden ser revisados al alza. Nunca podrán ser revisados
introduciendo objetivos menos ambiciosos.
«Desde París,
la acción climática de países, inversores, inversionistas, ciudades, regiones, territorios
y estados no ha cesado y con la implantación completa del acuerdo se asegura
que este esfuerzo colectivo continúe, aumentando sin cese, hasta garantizar un
futuro sostenible y seguro», ha explicado Espinosa.
Los gobiernos
estarán también obligados a tomar medidas para lograr los objetivos relativos a
la temperatura consagrados en el acuerdo, es decir, limitar el aumento de la
temperatura en este siglo a menos de 2ºC con respecto a los niveles de la era
preindustrial y proseguir los esfuerzos para que ese aumento no supere los 1,5ºC.
Otro asunto
clave es asegurar que realmente se movilizan para 2020 los 100.000 millones de
dólares que los países desarrollados han prometido a los países en desarrollo.
También se deben producir inversiones mayores por parte de inversores, bancos y sector privado con el objetivo de lograr la cifra de entre 5 y 7
billones que se necesita para hacer posible la transformación a nivel mundial.
A esto se
añade otra etapa clave: concluir con éxito las negociaciones de elaboración del
reglamento para la aplicación efectiva del Acuerdo de París, que será un modelo
a escala global para informar y rendir cuentas de las medidas climáticas.
Cuando esté terminado, este reglamento hará posible su aplicación completa, y
establecerá los requisitos concretos para que los países y otros actores
informen de manera abierta y contabilicen sus acciones a favor del clima.