El ministro José Manuel Soria es tan
espabilado que es capaz de hacer el trabajo de dos hombres: Stan Laurel y
Oliver Hardy. Cualquiera que se moleste en mirar (entenderlo es otra cosa) su
“recibo de la luz” podrá observar que en los últimos dos años el precio de la
energía utilizada para producir electricidad ha bajado, mientras que el recibo
ha subido. Es decir, producir un kilovatio de electricidad es ahora más barato,
pero usted –he ahí la paradoja de Soria- usted, señor consumidor, lo paga más
caro.
El ministro Soria (qDg), en comandita con el sector eléctrico inventó una especie de bálsamo que cura todas las penas del que se autoconsidera un sector castigado. La pócima mágica -incluida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico- se llama regulación a la carta, una extraña medida merced a la cual, como sucede en el caso de los casinos y del sistema financiero, la banca (léase el sector eléctrico) siempre gana. Ni que decir tiene que la lógica más elemental de una política racional de precios procuraría que pagasen más los que más gastan, porque así lo dicta el sentido común y porque de esa manera podría disminuir el consumo y con ello todos los problemas ambientales asociados a la producción de energía. Pero en España, gracias a Soria y compañeros mártires, sucede al revés. ¿Cómo ha logrado esta cofradía cuadrar el círculo de sus intereses? Pasen y vean.
El regulador, que no es otro que el Gobierno, decidió en 2013 que era absolutamente necesario aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada, que es la parte fija del recibo, para garantizar al alza los ingresos de las eléctricas. Hay que descubrirse: lo han conseguido con creces: Desde agosto de 2013 el consumidor doméstico ha sufrido una subida del 92% de la parte fija del recibo (potencia contratada) al tiempo que el consumidor industrial ha “gozado” de una subida 145%.
La decisión del Gobierno, amén de castigar duramente al sector industrial que empieza a salir de la crisis, ataca directamente los bolsillos de los clientes con menos capacidad económica y fulmina cualquier política de ahorro; haga lo que usted haga con el consumo en su hogar, el peso principal del recibo liquidara su estimable intento de ahorrar.
Tiremos ahora de la manta y veamos el trile del señor ministro. Cuando se calcula el ingreso que se garantizan las eléctricas por esa novedosa política tarifaria (lucrativa para las eléctricas y punitiva para el consumidor), la cosa está clara. Resulta que el sistema eléctrico factura a los clientes el equivalente a 175 gigavatios (Gw) de potencia contratada, sin que importen dos cosas: 1) como
como es
de dominio público gracias los datos del propio ministerio que ¿dirige? el señor Soria, nuestro sistema tenga una potencia instalada de 108 Gw; y (2) que la punta máxima que utilizan los clientes sea de 39 Gw. Hagan ahora una compleja operación algebraica que el ministro parece incapaz de hacer: 175-39 = 136. ¡Ahí lo tienen! Pagamos a las eléctricas 136 Gw que no utilizamos, simplemente porque los tenemos contratados. Esos 136 Gw regalados con el consentimiento del Gobierno y el aplauso de los operadores equivalen a 10.000 millones anuales.
Ya sé lo que están ustedes pensando, pillines ¿Que este esquema perjudica a los clientes más débiles, aumenta la desigualdad y penaliza el ahorro?; y que no sería más lógico sustituir el sistema de tarifas contratadas por otro de tarificación por potencia consumida. Pues, hombre, claro que sí; pero se acabaría el chollo de la sobrefacturación de 10.000 millones que el Gobierno del PP concede graciosamente a sus amigos de las eléctricas.