En defensa del Sistema de Público de Investigación
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad (MEC), ha elaborado un borrador de la nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (Estrategia en adelante) para los próximos ocho años. El documento supone una ruptura con lo establecido en la Ley de la Ciencia (Ley 14/2011) que indica que el Estado coordinará el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) a través de dos instrumentos diferentes: uno orientado hacia la ciencia y la tecnología, que debería servir para alcanzar objetivos generales en materia de fomento de la investigación científica y técnica, y otro orientado hacia la innovación, que debería constituirse en el marco de referencia que implique a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la consecución del objetivo común de transformar a la economía española en una economía basada en el conocimiento. Hacer lo que ahora se propone, esto es, la fusión de ambas estrategias en una, tiene implicaciones muy serias en cuanto al valor que se le otorga a la investigación científica y técnica en nuestro país.
Dado que plantea dirigir la formación de doctores en las universidades públicas, la nueva Estrategia pretende no sólo promover cambios profundos en el SECTI sino también en el educativo. La necesidad del cambio se argumenta partiendo de una evaluación del éxito de políticas anteriores que, según el informe, no han conseguido el objetivo previsto a la luz de los indicadores considerados. Se destaca en el informe que aunque se han logrado destacables méritos científicos (novena posición en la producción científica mundial), no se han conseguido unos beneficios económicos equiparables (décimo octava posición en innovación en la UE-27). Con este desfase entre investigación e innovación se justifica la adopción de medidas drásticas que pretenden vincular las actividades investigadoras a la rentabilidad económica.
Varias de las medidas propuestas tendrán un efecto muy negativo sobre los niveles de competitividad alcanzados por la ciencia en nuestro país. En primer lugar, se propone la presencia activa de las empresas en la toma de decisiones sobre los planes de investigación y de formación investigadora, y se adopta una filosofía finalista para el desarrollo de toda la investigación. De esta forma, toda la investigación pasaría de ser dirigida a mejorar el bienestar social a serlo por el mercado y las empresas, buscando la rentabilidad de la financiación de la investigación en el sistema empresarial español.
Asumir que el beneficio social se va a alcanzar gracias al beneficio empresarial es, cuando menos, erróneo en su planteamiento como se demuestra con observar las desigualdades cada vez más acusadas entre los beneficios de las empresas y las rentas de los trabajadores. Si son los intereses empresariales los que dirigen la política científica y la formación de los científicos (por ejemplo, de los programas de doctorado), primarán esos intereses y repercutirán negativamente en la formación científica de nuestros investigadores y en el abandono de los incentivos para la producción científica en áreas que no tengan interés económico para las empresas representadas en esos órganos de decisión.
El documento no presta atención a que es en los parámetros englobados bajo el denominador "Actividades de Empresa" donde estamos muy por debajo de los países líderes en conseguir patentes y beneficios económicos derivados de la innovación. Por ejemplo, en lo que respecta a las inversiones en I+D+i por parte de las empresas, España ocupa la posición vigésimo cuarta en la UE-27. Pese a ello, en el borrador de la nueva Estrategia no existe ninguna medida que asegure una mayor inversión empresarial en investigación ni en formación de investigadores (universidades), pero sí abundan las medidas para incentivar la investigación en empresas a través de planes públicos que van a subvencionarla generosamente. Como de costumbre, financiación de lo privado y abandono de lo público.
Un aspecto de extrema gravedad para la ciencia española es que en la nueva Estrategia no aparece ningún incentivo para el desarrollo de la llamada "ciencia básica" (desaparece el programa conocido como "de Promoción General del Conocimiento"), entendiéndose como tal aquella que se realiza con la finalidad de ampliar el conocimiento y la comprensión del universo en todos sus niveles y de los fenómenos que ocurren en él. La consecuencia directa de la aplicación de esta política será la pérdida, por falta de financiación, de los importantes logros que la investigación básica española ha alcanzado en la última década.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la investigación aplicada y dirigida a lograr una mayor competitividad de nuestras empresas, pero sí de que esto signifique la eliminación de programas de financiación relacionados con la investigación básica y de que sea exclusivamente la rentabilidad económica de las empresas y no la generación de conocimiento el objetivo de la formación de investigadores. Las universidades españolas deben mantener su función formativa en el conocimiento general asociado a las distintas disciplinas impartidas a sus alumnos y no convertirse en centros de formación profesional de personal cualificado.
La historia reciente del sistema de investigación en nuestro país muestra que las mejoras progresivas experimentadas han estado estrechamente relacionadas con la cantidad de recursos que se han destinado a financiarlo. El estancamiento y la reducción de esa financiación irremediablemente conducirán a un empeoramiento del sistema. La única manera de seguir progresando en el objetivo de mejorar nuestra posición en ciencia e innovación en el contexto internacional es seguir apostando por su desarrollo con los recursos necesarios para ello. Los países líderes en investigación e innovación son aquellos que más financiación aportan a su sistema. España ocupa el décimo lugar en la UE-27 en porcentaje del PIB destinado a I+D (1,39%), equivalente a menos de la mitad de lo que invierte por ejemplo Alemania (2,9%, datos de 2010). Si queremos acercarnos a esos países europeos en su excelencia investigadora e innovadora tenemos que apostar sin reservas por invertir en ello la financiación que requiere. España ha reducido de forma acusada la financiación anual del I+D+i hasta acumular un descenso del 19% en los últimos cuatro años. Para tener éxito, la nueva Estrategia debería empeñarse en destinar los recursos necesarios al sistema investigador y no en parchear una distribución de partidas cada vez más escasas.
El documento actual es un borrador mediante el cual el MEC manifiesta su voluntad de divulgar sus objetivos con objeto de fomentar la adopción de una Estrategia consensuada entre los diferentes agentes, públicos y privados, comprometidos en el fomento de la investigación, así como con el desarrollo en innovación de las ciencias y las tecnologías. Como agentes ejecutores en el sistema español de ciencia y tecnología (así nos define la actual Ley de la Ciencia), los firmantes de este escrito, todos investigadores en activo en universidades y organismos públicos de investigación, manifestamos la necesidad de incluir de nuevo los programas de investigación básica en la Estrategia 2013-2020 y de excluir a las empresas de los equipos responsables del diseño de los planes de investigación públicos y los de formación de investigadores en las universidades públicas.
Las mejoras de nuestro sistema dependen de la adopción de políticas tendentes a lograr niveles de inversión en I+D+i estables e independientes de ciclos políticos y económicos. El Consejo Europeo estableció en su estrategia de Lisboa el objetivo de conseguir que se invierta en investigación un 3% del PIB. España no llega ni a la mitad de ese porcentaje. Ese es el objetivo que el Gobierno español debería perseguir aumentando la inversión pública.
