Escribo estas líneas mientras una delegación de la Comisión Europea revisa en Madrid las cuentas españolas. En Bruselas no quieren ningún nuevo susto como el de la ingeniería financiera a la griega, inicio de la crisis de la deuda soberana que amenaza con derrocar al rey Euro. Es una prueba más de la desconfianza internacional hacia el estado económico y financiero español.
En la entrada anterior (Una de zombis) me ocupé de la influencia del sector privado en nuestra falta de credibilidad ante el altar de los mercados. Aunque el porcentaje de la deuda pública española al cierre de marzo pasado (68,5%) se aleja del 60% de endeudamiento máximo que exige la Unión Europea, conviene reconocer que es muy inferior al de Alemania, Francia o el Reino Unido y afecta poco a nuestra credibilidad como deudores. El gran problema de nuestras cuentas públicas es que nadie se cree los ilusorios números del Gobierno.
Antes de que se presentanse los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno adoptó unas medidas terapéuticas que no inspiraron precisamente confianza en los mercados, porque, lejos de aliviar al enfermo, lo empeoraban. La terapia de incrementar el IRPF supone, siendo benevolentes, un aumento del 0,4% del PIB, mientras que la resucitada deducción por compra de vivienda representa un coste anual del 0,6%, lo que para cualquiera que se moleste en restar quiere decir que la política tributaria aprobada incrementa el déficit estructural, es decir, consigue lo contrario de lo que los mercados esperaban.
El gobierno ha confeccionado unos PGE esclavos de la demagógica y ventajista oposición que hizo a las difíciles decisiones de mayo del 2010 adoptadas por el malvado ZP: recortar pensiones, subir el IVA y congelar los salarios de los funcionarios. El ventajismo político de favorecer los intereses partidistas tendiendo una alfombra roja bajo los pies de Arenas resultó letal para los intereses del país. El retraso en la presentación de los presupuestos, junto con las medidas iniciales de subir pensiones y reintroducir deducción de vivienda, ha sido una cornada en la femoral por dos razones: ha malgastado el periodo de gracia de cien días que nos daba el mercado y que le dieron los ciudadanos al Gobierno, y ha mandado la señal de que se supeditaban decisiones urgentes a intereses políticos. Lo de la amnistía fiscal no hizo más que empeorar la percepción de país fiscalmente poco serio que tienen de nosotros en el extranjero.
Desde que se conocieron las líneas básicas de los PGE, la opinión unánime entre los analistas fue que eran de imposible cumplimiento y que, en el improbable caso de que un milagro acercara la realidad a la ficción, tal aproximación hubiera representado un lastre añadido a nuestra credibilidad. Existen, al menos, dos razones de peso para opinar así: la política de recortes no reduce el problema de disminuir el déficit sino que lo aumenta; y a los inversores les trae sin cuidado los artificios contables del ministro Montoro traducidos en unas cuentas tan voluntariosas como fantásticas cuya inanidad el capital inversor da por descontada.
Vaya por delante que los PGE y el tijeretazo posterior de otros 10.000 millones de euros (M€), prueba del nueve de que las cuentas del ministro Montoro son tan creativas y no menos disparatadas que la Alicia de Lewis Carroll, satisfacen de momento las exigencias de los políticos y burócratas del Eurogrupo y organizaciones afines, cuyas únicas y obsesivas aspiraciones son que las medidas de contención del gasto logren el tan ansiado 5,3% de déficit público sobre PIB en 2012 y, luego, “sólo” quedará rebajarlo hasta el 3% para 2013. Así salvan su cara partiendo la nuestra.
Puede que en los cuadros macroeconómicos de Bruselas nuestros números terminen por cuadrar (que lamentablemente no cuadrarán) y hasta que produzca un burocrático orgasmo entre la tropa funcionarial, pero el verdadero problema de la sociedad española son el paro y la ausencia de crédito a empresas, familias y particulares. Como ha dicho nuestro presidente en otra involuntaria prueba de que la hoja de ruta gubernamental nos conduce al desastre, ni la reforma laboral, ni la reforma financiera, ni los ajustes van a solucionar los problemas. De ahí se derivarán, lamentablemente, el estancamiento económico, el incremento hasta porcentajes apocalípticos del paro (que alcanzará finales de año los seis millones), el empobrecimiento de las clases medias, la reducción de los salarios más bajos y la caída en picado de dos pilares básicos de la movilidad social en España: la educación y la sanidad.
La política del recorte por el recorte es equivocada por más que uno comprenda que satisfaga ideológicamente al Gobierno y a su presidente, convertido en una especie de cirujano de hierro empecinado en convertir al país en un cuerpo amputado al estilo del inolvidable protagonista de Johnny cogió su fusil. Pasemos, pues, al quirófano e imaginemos que nuestro cirujano amputa un dedo de una mano en forma de una reducción de 10.000 M€, un 1% del PIB en números redondos.
Como cualquier estudiante de Económicas sabe, reducir el gasto en un punto básico disminuye el PIB entre un 0,6% y un 0,8%, que no sale de balde, porque reduce la recaudación impositiva en medio punto (0,5%), lo que significa que el Estado perderá entre 3.000 y 4.000 M€. Pero por si no quieres caldo, toma dos tazas: para los que se pasan el día haciendo de entusiastas palmeros de los recortes al gasto público que afectan a hospitales, colegios, universidades e institutos, instituciones que, por lo visto, son las responsables de la crisis, una caída del PIB tiene un inmediato efecto bumerang, que hace subir automáticamente las prestaciones de desempleo y otras prestaciones sociales. Seamos generosos y asumamos que una caída mínima del PIB del 1% solo sube el gasto en un 0,1%, unos 1000 M€.
Reunamos, pues, los números con el telón de fondo de un recorte del 1% y una subida del gasto del 0,1%. Si la caída del PIB es la del escenario menor (0,6%), el efecto sobre el déficit del recorte será 10.000 (-3.000)-1.000 = 6.000 M€. Si el escenario es el del 0,8%, tendremos 10.000 (-4.000)-1.000 = 5.000 M€. Por tanto, si queremos reducir el déficit del 8,51% de finales de 2011 al 5,3% en 2012, no hay que reducir el gasto en 32.000 M€ como se pretende, sino entre unos 53.000 y 64.000 M€, lo cual no puede ser y además es imposible, como el tiempo se encargará de demostrar cuando el daño social sea irreparable.
Durante estos días el ministro de Guindos da la vuelta al ruedo mundial cortando orejas y rabos en plazas repletas de representantes de foros subvencionados a cargo del denostado erario público, de políticos afines y de burócratas de organismos internacionales, tan entusiastas ahora como incapaces fueron de detectar la crisis que nos está crujiendo. Mientras tanto, el modesto respetable público de sol (nosotros) se une al del tendido cero (los mercados internacionales) y agita los pañuelos del tongo ante el matador.
Nosotros ya sabemos la cruz que nos toca, pero ¿qué demonios quieren los ricachones del tendido cero? Los muy taimados, actuando dentro del marco legal y lógico de la maximización del beneficio, quieren cobrar lo prestado con sus correspondientes intereses. Les traen sin cuidado los muletazos presupuestarios y los floridos recortes al capote del maestro Rajoy y su vistosa cuadrilla.
Ajenos a la lidia, miran con temor cómo el cuadro macroeconómico empeora a corto plazo y no se vislumbra crecimiento económico alguno, y cómo, con la austeridad por bandera, el presupuesto arrasa con todo lo que sea inversión en capital físico o humano. Si no hay crecimiento económico vía consumo, disminuirán las ventas de las empresas, caerán sus beneficios, se despedirán trabajadores y tendran serias dificultades para pagar sus deudas. El Estado recaudará menos impuestos y deberá recortar gastos para no generar más déficit público, metiéndose en una negra espiral dentro de la cual habrá (como ya las hay) serias dificultades para justificar cómo se va a poder pagar la deuda y más, si como se teme, nos vemos en el trance de asumir parte de la deuda privada por el conocido via crucis de la refinanciación bancaria.
Al tiempo.