«¿Ha recibido la Iglesia clases de marketing? » –preguntó ingenuamente el periodista-. «¿Es una broma? La Iglesia, si acaso, imparte lecciones. El marketing empezó con Jesús, hace ya 2.000 años». Así respondió una vez monseñor Ernesto Vecchi, un obispo italiano, a la capacidad de la Iglesia para presentar y vender sus productos religiosos. Empezaron en un humilde portal y ahora son una de las mayores multinacionales del mundo. Con larga y reputada experiencia en la venta de intangibles como la vida eterna, la jerarquía católica, por fin apegada a una cruz, la de la declaración de la renta, continúa dando lecciones de su insaciable voracidad por los bienes terrenales. Estos días se ha destapado la subrepticia manera con que los obispos españoles –aprovechando un oscuro regalo legal hecho por el gobierno del PP en 1998- están apropiándose de miles de bienes comunales y municipales: viñedos, olivares, casas rectorales, atrios, iglesias, ermitas, garajes, solares, pisos, frontones, basílicas, concatedrales, pabellones polideportivos, cementerios y monasterios que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron y que ahora la pía Conferencia Episcopal comandada por Rouco está expoliando al conjunto de los españoles.
El marketing eclesiástico consiste en decir una cosa y hacer justamente la contraria. En su mensaje a la juventud europea, el señor Ratzinger, ese alto funcionario vaticano de rostro siniestro que se frota las manos como el Burns de los Simpson (Muñoz Molina dixit), llama a «rechazar los ídolos modernos del dinero, el poder, del tener e incluso del saber, para volver a la relación con Dios y buscar la verdadera felicidad». Con el mayor desparpajo, el Papa, máximo responsable de Instituto para las Obras de Religión, perifrástica y piadosa denominación del poderosísimo holding financiero del Vaticano, abrió el último Sínodo de Obispos contrastando la volatilidad, fantasía e incoherencia del capitalismo con la estabilidad y solidez de la palabra de Dios.
Mientras millones de personas desesperadas ven cómo el Estado de bienestar que les ampara se desvanece, mientras se hunden las bolsas llenando los bolsillos del Instituto para las Obras de Religión –paraíso fiscal y tapadera de algunos de los mayores fondos especuladores del mundo y único Edén que puede garantizar el Vaticano-, el Papa aleccionó a las mitradas huestes: «Vemos que en el derrumbe de los grandes bancos el dinero se desvanece, no es nada, y que todas esas cosas que parecen la única verdad con la que se puede contar, son en realidad de segundo orden». Reflexionando sobre la metáfora de la casa construida «sobre la arena o sobre la roca», el Papa, cubierto de armiño y rica pedrería, miró por encima de sus gafas de oro y explicó que aquellos que «construyen sólo sobre cosas visibles y tangibles, como el éxito, la carrera, el dinero», deben recordar que «en apariencia, estas cosas son la realidad, pero todo eso un día pasará».
Pero mientras se anuncia una cosa, se hace su opuesta, contradiciendo por lo demás la doctrina del galileo que dicen seguir pero del que se olvidaron hace tiempo. «Arraigados y edificados en Cristo», rezan los carteles que anuncian el Magical Mistery Tour pontifical con que nos obsequiarán el próximo mes de agosto monseñor Rouco y sus fans. Para “arraigarse y edificarse” en condiciones, la Iglesia española se dedica a la rapiña de bienes raíces. Como tantos otros preceptos constitucionales convertidos en papel mojado (¿qué me dicen del derecho a la vivienda de todos los españoles?), la separación entre Iglesia y Estado no cuenta para la legislación hipotecaria. Valiéndose de su mayoría parlamentaria y haciendo bueno lo que recomendaba el Conde de Romanones para la tarea de gobierno -«Dejad que ellos (los diputados) hagan las leyes, que yo haré el reglamento»- el Gobierno presidido por José María Aznar, Legionario de Cristo consorte y deudor de la jerarquía católica que había hecho campaña para él desde púlpitos y micrófonos, lejos de acabar con el anacrónico privilegio registral otorgado a los obispos, lo amplió, modificando de tapadillo algunos artículos del Reglamento Hipotecario que, como el que no quiere la cosa, han transformado a los obispos en remedos de registradores o de funcionarios del catastro, autorizándoles a emitir unilateralmente certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos, lo que incluye los de culto, ermitas, catedrales y otros bienes que forman parte del patrimonio cultural de España, pero también todos los bienes raíces que no estén registrados por las administraciones públicas o por particulares. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar: tres razones evangélicas, como cualquiera sabe.
Si nadie lo remedia, miles de bienes raíces pasarán a engrosar las cuentas de Rouco y sus colegas, administradores terrenales de una Iglesia cuyo reino, según su padre fundador, «no es de este mundo». El dinero, algo tan prosaico y poco pío como el dinero, la encarnación del materialismo condenado de boquilla desde Roma por quien, olvidando que «el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mateo 8,20), viste sedas y brocados y calza zapatillas de Prada, se ha convertido en la atención preferente de nuestros prelados. Nada nuevo bajo el Sol. «¿Quién hace de piedras pan sin ser el dios verdadero...? El dinero», decía el católico Quevedo: la santa alianza entre la fe y el capital saca dinero a destajo de las piedras del común para hacer caja con la banca vaticana.
En su versión aznariana, la legislación hipotecaria no solo atribuye a los obispos el carácter de funcionarios públicos como en los mejores tiempos del franquismo, sino que permite a la Iglesia proceder a una desamortización inversa de la llevada a cabo por Mendizábal en el siglo XIX. Desde aquella modificación pepera, la Iglesia española ha encontrado por fin su Verbo: la inmatriculación, término legal con el que están esquilmando el dominio público. Dejándose de zarandajas tales como ocuparse de las víctimas de la pobreza que está generando la crisis, los prelados se han puesto manos a la obra en una frenética operación de recuperación de un patrimonio del que dicen ostentar su posesión sin más prueba fehaciente que su real gana, para desesperación de alcaldes y vecinos que cuestionan esa propiedad, costeada en muchos casos con dinero público.
Al Gobierno de este Estado aconfesional, que en sus relaciones con la Iglesia semeja un buen cristiano siempre presto a poner sus mejillas (y las nuestras) cuando le arrean, que cumple sumiso todas las penitencias económicas que le impone la Conferencia Episcopal para hacerse perdonar su laicidad, conviene recordarle ahora que si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, los obispos no pueden equipararse a funcionarios públicos y que no se pueden confundir fines públicos con fines religiosos ni a la Iglesia con una corporación de derecho público. Debemos recordarle también que el uso no determina la propiedad. No reconocerlo sería tan absurdo como decir que el guarda del Palacio Real puede inmatricularlo a su nombre simplemente porque los reyes ya no residen en él. Ni los reyes ni la Iglesia han puesto jamás un solo maravedí, doblón, duro, euro, peseta, céntimo o real para la construcción de su patrimonio. Todos ellos fueron construidos con dineros extraídos de las arcas del Estado, de los gremios, los concejos y las juntas vecinales que representaban al Estado. Así que, por mucho que se usen para fines religiosos, son y deben ser propiedad del Estado. El hecho de que el Estado y el gobierno hayan mudado a lo largo de los siglos su forma de organización no implica que hayan hecho dejación de sus derechos con respecto a terceras partes por influyentes en el otro mundo que estas sean.
