En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá celebrado el día de hoy hemos aprobado por unanimidad el Manual de Evaluación de la Actividad Docente que a partir del próximo curso será la herramienta a utilizar en sustitución de las encuestas practicadas hasta ahora para valorar las actividades de los profesores. Se trata de una excelente noticia que merece alguna reflexión.
Se puede concebir al profesor universitario actual como un profesional del sistema educativo que, en colaboración con otros docentes de distintos niveles, tiene como cometido que los estudiantes aprendan y se interesen por el conocimiento. Además, a diferencia de lo que ocurre en otros niveles educativos, del profesor universitario se espera que haya adquirido las competencias y capacidades para desarrollar una investigación de calidad en el campo de su especialidad. Aunque asumamos la doble faceta docente e investigadora/innovadora del profesor universitario, no existe un único perfil de profesor-investigador, aunque por simplificar podemos situarlo entre dos modelos extremos: el del investigador que enseña y el del docente que investiga.
Desde la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 el sistema universitario español apostó por el modelo de profesor-investigador (PDI), un modelo que ha sido asumido en las sucesivas modificaciones legales, aunque desde los primeros procesos de selección de profesorado se apreció un claro desequilibrio en la evaluación de la actividad docente e investigadora. El Real Decreto 1086/1989, pretendió incentivar la labor docente e investigadora individualizada mediante la concesión de retribuciones quinquenales por actividades docentes evaluadas positivamente y por tramos de seis años de investigación de producción científica de calidad. No cabe la menor duda de que los conocidos como sexenios han sido uno de los factores que más han contribuido a que la investigación española haya subido muchos enteros en el contexto internacional. Por el contrario, la docencia no ha sido nunca adecuadamente evaluada y los quinquenios se conceden automáticamente, con independencia de la calidad del trabajo realizado.
Debido a la excelencia investigadora exigida a los profesores para la obtención de sexenios, desde la implantación de la LRU la selección de profesorado se rigió de forma casi exclusiva o muy predominante por los méritos de investigación y nada o casi nada por la docencia, lo que ha conducido a percibir la actividad docente como el “peaje” inevitable para poder ejercer la investigación dentro del sistema universitario, una percepción que conduce al modelo del investigador que enseña, pero al que la enseñanza le “distrae” de la principal actividad por la que es valorado. Consecuencia de ello es la aparición del sintagma “carga docente” como expresión peyorativa de la actividad educativa en los departamentos universitarios, en los cuales la investigación no es considerada como carga, sino como símbolo de excelencia.
La sobrevaloración de la actividad investigadora ha ido instalando la percepción de que la actividad docente ni se ha evaluado convenientemente en los procedimientos de selección del profesorado o en la concesión de quinquenios, ni se ha estimulado institucionalmente a nivel de universidades, autoridades autonómicas y estatales. El extinto sistema de Habilitación para acceder a los cuerpos de funcionarios, su heredero procedimental (la Acreditación) y el EEES han puesto nuevamente a la actividad docente el punto de mira, aunque por el momento la metodología de su evaluación parece ser mucho más compleja y difícil de aplicar que la utilizada en investigación, sea por la ausencia de una cultura de evaluación, sea por la propia dificultad intrínseca de la misma o por la falta de voluntad política de aplicarla.
Sea como fuere, la universidad española tiene una asignatura pendiente que puede suponer una devaluación de la enseñanza, dado que lo que no se evalúa, se devalúa. Pero la buena noticia es que ya estamos en condiciones de superar este desajuste. La implantación en nuestras universidades del programa Docentia, promovido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y ahora adaptado a la UAH a través del Manual, permite contar con un instrumento clave para abordar la evaluación de la actividad docente y supone una oportunidad única para revitalizarla.
La cultura de la evaluación es una forma de reconocer el esfuerzo de muchos profesores en su quehacer cotidiano, de unos docentes que necesitan que su labor sea valorada, incentivada y premiada. Como miembro del Consejo de Gobierno me congratulo de haber colaborado en la implantación de este procedimiento de evaluación que aumentará la calidad de la labor docente del profesorado y la de la UAH, cumpliendo así con la responsabilidad de ofrecer un mejor servicio a la sociedad a la que nos debemos.
Nos hemos adelantado a aprobar un modelo de evaluación cuya implantación a corto o medio plazo será ineludible debido a la declarada y decidida voluntad de las administraciones competentes de considerar a las evaluaciones docentes –en paridad con la investigación/innovación- como uno de los requisitos fundamentales para acreditar a quienes aspiren a la contratación o a la promoción dentro del sistema universitario español.
